Rehenes liberados se escapan del Palacio de Justicia después de la retoma.
Imagen: AFP.

Una jueza colombiana condenó a 30 años de prisión a un coronel retirado por la desaparición de una guerrillera del M-19 hace 25 años, durante el sangriento operativo para recuperar el edificio del Palacio de Justicia. Fue una condena histórica por muchas razones, pero principalmente porque terminó de desmitificar uno de los hitos victoriosos de las Fuerzas Armadas colombianas y lo rebautizó como una masacre. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Los familiares de las víctimas lloraron y se abrazaron frente a los tribunales; los comandantes militares se atrincheraron en el Palacio de Nariño, invitados por un preocupado Alvaro Uribe. “El fallo da pena, da tristeza”, aseguró el presidente de la Nación, ratificando su solidaridad inquebrantable con las Fuerzas Armadas y el condenado, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos prefirió extender su solidaridad a la jueza que entregó una condena, a pesar de incontables amenazas de muerte.

Desde 2005, con el establecimiento de la Comisión de la Verdad, las pruebas de la masacre de casi cien personas, de la docena de desaparecidos y de las mentiras de los jefes militares se venían acumulando. Pero la presión política por no reabrir una de las grandes victorias de la mano dura en Colombia era demasiado fuerte. Tomó cinco años y una jueza con voluntad. Esta semana María Stella Jara responsabilizó a Plazas Vega de ordenar el traslado de once trabajadores del comedor del Palacio de Justicia y una guerrillera a una dependencia militar. Aún no se sabe cuándo y cómo murieron exactamente, pero en la sentencia la magistrada aseguró que existen pruebas de que fueron torturados y asesinados. Uno de los cuerpos fue identificado en 2000 dentro de una fosa común en las afueras de Bogotá.

“Fue una sentencia histórica –celebró el jueves el representante de Amnistía Internacional en Colombia, Marcelo Pollack–. Las familias de las víctimas, que durante casi un cuarto de siglo han hecho campaña a favor de la justicia, han empezado a romper el velo de silencio que ha protegido tanto tiempo a los responsables.” Y los responsables no son veteranos militares retirados, sino figuras muy cercanas al actual gobierno. El condenado, Plazas Vega, fue el primer director nacional de Estupefacientes de Uribe y la entonces ministra de Comunicaciones, la que ordenó a todos los canales de televisión y radio que transmitieran un partido de fútbol en vez de los sangrientos enfrentamientos en el Palacio de Justicia, es Noemí Sanin, ex embajadora de España de Uribe y una de las candidatas que perdieron la última elección presidencial y ya prometió su apoyo al delfín uribista Juan Manuel Santos.

Por eso, a pesar del reconocimiento y los elogios de la ONU y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, Uribe no dudó en tomar parte por los responsables de doce desapariciones y, probablemente, la mayoría de los noventa muertos, entre ellos once jueces de la Corte Suprema. Unas horas después de conocerse la decisión de la jueza Jara Gutiérrez citó a la cúpula militar y a su ministro de Defensa y les transmitió su apoyo incondicional. “Veo con dolor que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas que estaba defendiendo la democracia”, aseguró. Pero fue aún más lejos y repudió la sentencia judicial. “Lo que se está construyendo es un panorama de inseguridad jurídica que atenta contra el manejo del orden público en Colombia”, advirtió el mandatario.

Sus palabras provocaron una ola de rechazos, dentro y fuera del país. La Corte Suprema colombiana emitió de inmediato un comunicado para pedir refuerzos a la comunidad internacional para blindarse contra los embates de Uribe. “Hacemos un llamado para que rodeen con su apoyo y solidaridad a la judicatura, que una vez más viene siendo agredida por el ejercicio de sus funciones”, leyó ante las cámaras el presidente del máximo tribunal del país, Jaime Arrubla.

Desde Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente asociado a la OEA, ya le había advertido al presidente colombiano que respetara la independencia del Poder Judicial. Por eso, ni bien Uribe pronunció su discurso, el organismo otorgó medidas cautelares a la jueza del caso, Jara Gutiérrez. A través de un comunicado público le pidieron al gobierno colombiano que garantice la seguridad de la magistrada y su hijo, y que dieran explicaciones de por qué la Fiscalía Nacional nunca investigó las amenazas de muerte que sufrieron a lo largo de la investigación y el juicio.

Pero la preocupación del uribismo y del mundo castrense no termina en la condena del coronel retirado Plazas Vega, ya que ahora se abre un abanico de juicios contra los otros oficiales militares involucrados en la toma del Palacio de Justicia, que duró casi 24 horas y dejó un tendal de sangre e interrogantes. Por eso la cúpula de las fuerzas armadas emitió un comunicado esta semana para “tranquilizar” a sus filas. “Instamos a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”, arengó el texto, que llevó la firma de los comandantes de las tres fuerzas.

Aunque sigan negando todo, el nerviosismo demostrado por el uribismo y los militares es una señal de lo que viene. El jueves, en las puertas de los tribunales, los familiares de las víctimas repasaban ante los medios todos los puntos oscuros que aún quedan por develar. ¿Por qué la justicia militar ordenó el traslado de 26 cadáveres a una fosa común dos días después de la toma del Palacio de Justicia? ¿Qué pasó con las personas que las cámaras de televisión mostraron saliendo con vida del Palacio y luego desaparecieron? ¿Quiénes provocaron los incendios dentro del edificio que mataron a varias de las víctimas?

Las dudas son muchísimas, pero quizá la que más preocupe a la cúpula militar es la que rodea la muerte del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Esa mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de la guerrilla M-19, hoy desmovilizada, tomó el Palacio de Justicia, la Corte estaba discutiendo los requisitos legales que debían existir para las extraditaciones de los capos narcos a Estados Unidos.

La versión oficial es que Pablo Escobar financió el ataque del M-19 para evitar su extradición, pero las investigaciones demostraron que Reyes Echandía murió de un tiro en el pecho por una bala similar a la que utilizaban los militares colombianos. Y las investigaciones también revelaron que Reyes Echandía se comunicó al menos dos veces con el mando militar para pedirles que suspendan el ataque. “Por favor, que cese el fuego inmediatamente, es de vida o muerte”, dijo, según una transcripción telefónica. Nunca le respondieron.