Desde Madrid

Era un conflicto esperado, pero no por eso menos temido. Los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras, anunciaron que convocarán a una huelga general en los próximos días, en protesta por la reforma laboral propuesta por el gobierno socialista. Es el primer paro masivo que deberá soportar José Luis Rodríguez Zapatero desde que llegó al poder en 2004, y servirá para testear el nivel de descontento que existe en la calle contra el ajuste y las reformas que intenta imponer el gobierno, presionado por los mercados y los organismos de crédito internacionales.

La primera en salir al ruedo ayer fue la central sindical Comisiones Obreras, vinculada con Izquierda Unida, que anunció su decisión de convocar a la huelga general contra una reforma que considera “lesiva” para los derechos de los trabajadores.

Desde UGT, el sindicato mayoritario de tendencia socialista, muy vinculado con el PSOE, no tardaron en responder que ellos también se sumaban. Hoy se espera que los secretarios generales de ambas centrales, Cándido Méndez, por UGT, e Ignacio Fernández Toxo, por CCOO, anuncien en una rueda de prensa conjunta la fecha de la protesta, que se presume se realizará en el mes de julio, ya que los sindicatos necesitan varios días para preparar la medida.

Las reacciones, como no podía ser de otro modo, fueron inmediatas. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, no se anduvo con chiquitas a la hora de criticar a los sindicalistas, sosteniendo que la huelga sólo servirá para empeorar las condiciones de la economía, y les pidió que “dejen de lado el inmovilismo” y se coloquen a la altura de Europa. La CEOE tampoco está muy contenta con la reforma propuesta por el gobierno socialista, a la que considera ineficiente a la hora de reducir costos laborales, pero “algo es mejor que nada”, apuntan sus dirigentes, mientras llevan adelante la máxima presión posible para introducir sus puntos de vista en la nueva regulación del empleo.

Desde el Partido Popular (PP) mantuvieron una actitud cauta ante la protesta, aunque su secretaria general, María Dolores de Cospedal, manifestó el rechazo del partido a la huelga por no creer “que sea lo más adecuado para este país en estos momentos”. La estrategia de Mariano Rajoy ante el aumento de la conflictividad social que generó la crisis económica ha sido la de no remover demasiado el avispero, sentándose a ver cómo se desgasta la administración socialista por sí sola. Según los últimos sondeos, si hoy se produjeran elecciones generales el PP obtendría entre el 8 y el 10 por ciento de votos más que el PSOE, muy cerca de la mayoría absoluta. Las encuestas arrojan un dato aún más preocupante: en las próximas elecciones regionales, los socialistas corren serios riesgos de perder el gobierno en Andalucía, la región más pobre y más poblada de España, un granero de votos del PSOE que la gobierna hace 28 años.

Desde el gobierno, la respuesta ha sido más bien parca. Antes que atacar a los sindicatos por la convocatoria, la administración socialista prefirió insinuar que prefiere darle un trámite parlamentario a la reforma y no sacarla por decreto, como había anunciado la pasada semana. El PSOE cree que puede conseguir los apoyos suficientes para su aprobación, algo que ayer puso en tela de juicio Convergencia i Unió. La tercera fuerza política en el Parlamento denunció las presiones de los socialistas para conseguir este respaldo. A los nacionalistas catalanes les interesa una reforma acorde con los intereses empresariales, pero que a la vez los deje bien parados frente a sus electores, que no digirieron bien su abstención en la votación en la que se decidió el ajuste estatal, una decisión que salvó al gobierno de Zapatero de su caída. Y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, está claro que no van a vender barato su indispensable apoyo parlamentario. Y sin ellos el PSOE no podrá contar con una amplia victoria parlamentaria.

El gobierno se siente más confiado desde que el pasado martes fracasó estrepitosamente la huelga convocada por los funcionarios estatales. Aunque no lo dicen públicamente, los socialistas están convencidos de que el paro general correrá la misma suerte, ya que la ciudadanía parece haber digerido sin tanto trauma la necesidad del ajuste y el achique del estado de bienestar. Recuerdan la masiva huelga contra el gobierno socialista de Felipe González en 1988 que lo obligó a retirar la propuesta de reforma laboral, pero que no se tradujo en una derrota electoral, ya que volvió a conseguir al año siguiente la mayoría absoluta. Una visión optimista para una militancia que se resiste a mirar de frente a una realidad que cada vez se le presenta más difícil a un socialismo poco cómodo en su rol de aplicador de planes de ajuste. Desde Izquierda Unida también temen que la huelga no llegue a ser tan contundente. Así lo dejó traslucir ayer el coordinador general de la formación de izquierda, Cayo Lara, cuando les recordó a los sindicatos que “una huelga general se hace para ganarla”.