El presidente Sebastián Piñera anunció ayer que concederá indultos particulares por el Bicentenario de Chile. Pero prometió que no recibirán el beneficio los represores que estén condenados. Dentro de los organismos de derechos humanos hubo alivio por la noticia.

A mitad de la semana pasada, la Iglesia Católica le había presentado a Piñera su propuesta de indultos para el Bicentenario. El Episcopado trasandino había reclamado que fuera atendida la situación particular de los represores y que se la evaluara de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que habían tenido durante el régimen de facto. Desde entonces, la sociedad chilena había estado dividida sobre si era aceptable que los criminales de la dictadura pinochetista salieran de las cárceles.

Ayer Piñera puso fin la incertidumbre que reinaba en su país. Tras analizar la propuesta de indultos de la Iglesia Católica y de la evangélica, el mandatario de derecha dijo que excluirá del perdón presidencial a los condenados por delitos graves, como los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios y violaciones. “No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general”, precisó. El presidente trasandino explicó que iba a analizar, uno a uno, quiénes sí serían indultados para septiembre próximo y que para tomar esa determinación atendería a consideraciones de carácter humanitario.

En cadena nacional, el gobernante chileno destacó el espíritu de reconciliación que buscaron las instituciones religiosas. Sin embargo, tuvo que remarcar que las propuestas habían reavivado las divisiones y las tensiones entre los chilenos. A pesar de que Piñera no dio lugar a su pedido completo, los referentes católicos se mostraron conformes por la decisión. El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, dijo a la prensa: “Nos deja muy satisfechos, nos deja satisfechos sobre todo el hecho de que el debate se instaló en la comunidad nacional”.

Los aliados de Piñera salieron a respaldar su anuncio. El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó de prudente y reflexiva la determinación del mandatario. “Ha hecho lo que más ha podido siempre considerando los intereses superiores del país, como la seguridad pública, que es un valor muy relevante, y lo que se pueda hacer en materia de reconciliación que tiene que tener una base de unidad”, opinó el parlamentario.

Sin embargo, los militares retirados no pudieron ocultar su desazón por no ser incorporados al beneficio que otorgará el mandatario cuando en dos meses Chile festeje su Bicentenario. El general retirado Rafael Villarroel volvió a reclamar beneficios carcelarios para sus compañeros de armas. “Piñera, como político y presidente de todos los chilenos, verá el beneficio general para el país”, afirmó el presidente del movimiento Chile Mi Patria.

Mientras, la oposición respiró más tranquila. “Es un gran triunfo del movimiento de derechos humanos, que en todas sus expresiones afirmó que bajo ninguna condición aceptaría que por la vía del indulto se impusiera la impunidad”, festejó el diputado comunista Lautaro Carmona.

El abogado Roberto Garretón dijo a Página/12 que sintió alivio cuando Piñera descartó los indultos generales. “El presidente habló de reconciliación, de perdón, pero no de justicia”, relató. “Los crímenes contra la humanidad tiene que perdonarlos la humanidad y no una autoridad chilena solamente”, disparó el referente de derechos humanos.

“Nunca va ser el momento para el indulto a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad”, respondió Alicia Lira al discurso de Piñera. La titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) protestó contra la reconciliación que pretenden las autoridades políticas y las religiosas. “La reconciliación pasa por la sanción y por el hecho de que paguen los represores sus crímenes en las cárceles sin ningún beneficio”, subrayó Lira. “Quieren una reconciliación que sea más impunidad de la que ya existe en este país.”

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se mostró preocupada por la posibilidad de que el anuncio de Piñera guarde algún truco para terminar beneficiando a los represores de la dictadura pinochetista. “Ha habido rebajas de penas y se puede buscar subterfugios en este caso a caso para que algunos de los 64 sujetos que están cumpliendo condenas no sean considerados como criminales de lesa humanidad”, afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

El abogado Garretón no consideró que ésa sea una posibilidad. “Sería una vergüenza internacional”, dijo el jurista.

Informe: Luciana Bertoia.