Desde Santiago

El derrumbe al interior de una mina de cobre y que mantiene atrapados a 33 trabajadores desde el jueves 5 de agosto en las cercanías de Copiapó, en el Norte de Chile, es un duro golpe para el presidente Sebastián Piñera. Más allá del dolor de los familiares de las víctimas y de la legítima conmoción que la noticia ha generado a nivel nacional, desde antes de la tragedia el gobierno de Piñera venía siendo blanco de críticas transversales a su sistema comunicacional. Y si bien la vocería oficial respecto del accidente ha mejorado y la ciudadanía entiende que no se han escatimado esfuerzos para tratar de hacer contacto con los mineros, el desplome del yacimiento traerá –sea cual fuere el desenlace– un gran costo a La Moneda.

La tragedia sorprendió a Piñera en medio de una gira a Ecuador y Colombia. En un contexto en que la evaluación ciudadana del presidente cayó bajo el 50 por ciento en algunas encuestas, el mandatario decidió suspender el viaje de Estado y regresó a Chile. El y su comitiva llegaron la noche del sábado 7 a la mina San José. Los familiares de los mineros estaban expectantes, sus seres queridos llevaban más de dos días bajo tierra y no había noticias claras respecto de su suerte. Menos cuando, horas antes, un segundo derrumbe obligó a detener las labores de rescate aumentando la angustia en el lugar ubicado en pleno desierto de Atacama, con un sol implacable en la mañana y temperaturas bajo cero en la noche.

Esa tarde, el ministro de Minería, Laurence Golborne, tras conocer que el intento para que los socorristas hicieran contacto había fracasado, no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras de televisión. Las personas allegadas al lugar, la mayoría hombres recios, acostumbrados a lidiar en estos parajes casi marcianos, lo increparon: "Usted, señor ministro, debe darnos esperanzas, ser nuestro sustento, no flaquear", le enrostraron.

Ante ello, la primera visita de Piñera al lugar parecía la ocasión perfecta para detallar las tareas de rescate y consolar a las familias; sin embargo, el jefe de Estado sólo se reunió con las autoridades presentes en el lugar. Terminada la cita, retornó a Santiago. La molestia fue general.

Consciente de ese paso en falso, Piñera volvió al lugar un par de días después. Rompiendo el protocolo, se acercó a las carpas de emergencia montadas en el lugar, y aseguró a la gente que su gobierno trabajará incansablemente hasta encontrar a los mineros con vida.

En otro golpe de timón, Piñera pidió la renuncia al presidente del Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin) junto a otros dos hombres fuertes de la repartición. Anunció además su reformulación y la entrega de más recursos a una institución pobre a pesar de que Chile es un país eminentemente minero.

Sin embargo, otra declaración de su ministro de Minería, quien la noche del martes aseguró en Santiago que "las probabilidades de encontrar a los trabajadores con vida eran pocas", cambió el panorama. Esto porque a pesar de que en el mundo minero eso es un secreto a voces, la idea con que se trabaja es justamente la esperanza de hallarlos a todos con vida.

"Mientras tengamos una posibilidad, trabajaremos con todas nuestras fuerzas y yo tengo la convicción y la fe de que los encontraremos con vida", dijo al día siguiente Piñera, poniendo el acento en la tesis de la sobrevivencia, mientras Golborne volvía a la mina a calmar los ánimos de los familiares que ardieron en cólera por las versiones encontradas.

En todo caso, la tragedia reveló varios aspectos que si bien son conocidos, nunca se habían tocado con propiedad en el sector: la nula o muy baja inversión en seguridad y controles que tiene este tipo de minería, versus los estándares internacionales de prevención con que opera la gran minería. El escenario puede extrapolarse a otras actividades como la pesca artesanal o la frutícola, por ejemplo, abriendo otra vez el eterno debate entre trabajadores y empresarios.