La Justicia chilena rechazó unas diligencias para identificar a los responsables del secuestro y el asesinato del cantautor Víctor Jara. Esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago podría facilitar el cierre de la causa, que hasta ahora sólo tiene un imputado.

El fallo de la Cámara de Apelaciones ratificó la determinación del juez Eduardo Fuentes Belmar, que negó a los querellantes realizar careos y otros procedimientos para dar con los oficiales del ejército chileno que revistaban en el Estadio Nacional, donde estuvo secuestrado y fue asesinado el autor de “Te recuerdo Amanda”. “Son aproximadamente diez los sospechosos”, explicó a Página/12 Cristian Cruz, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior trasandino.

La causa por el asesinato de Jara fue reabierta hace poco más de un año. En mayo del año pasado, se presentó ante la Justicia el ex conscripto José Paredes Márquez y relató cómo acribillaron de 44 balazos al cantautor.

El 15 de septiembre de 1973, Paredes estaba de guardia. Cerca de la medianoche, trajeron a quince detenidos, entre ellos el autor de “Plegaria de un labrador”. Un subteniente jugó a la ruleta rusa en la sien de Jara y lo asesinó. El folclorista cayó al suelo y el oficial les ordenó a los conscriptos rematarlo. Después, el subteniente ordenó que retiraran el cuerpo del músico. Los otros catorce detenidos fueron también asesinados. En su declaración, Paredes agregó que en la ejecución participó Edwin Dimter Bianchi, un brutal oficial al que apodaban “El Príncipe”.

El pedido de los abogados consistía en que los jueces crucen esos datos y hagan careos que permitan identificar a quienes ordenaron asesinar a Jara y a quienes lo hicieron. Los querellantes apelaron seis veces la decisión del juez Fuentes Belmar, pero no obtuvieron éxito frente a su demanda, y Paredes, un ex conscripto, sigue siendo el único acusado por el feroz homicidio de Jara. “Acá hay otros culpables. Son la gente que mandó a disparar y torturar”, dijo en 2009 Joan Jara, la viuda del cantautor, al que recién a fin del año pasado se le realizó su funeral público.

“El proceso de Víctor Jara ha sido llevado, una y otra vez, a una denegación de justicia”, subrayó Alicia Lira, titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). La referente del organismo de derechos humanos se quejó por la ineficiencia del magistrado que entiende en la causa. “Ejerce la complicidad para retrasar el proceso”, disparó Lira, que no descartó que los familiares de Jara impulsen alguna medida para separar a Fuentes Belmar del expediente.

En el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior están evaluando los pasos a seguir. Cruz teme que este fallo allane el camino para volver a cerrar la causa. “Ahora todo depende del tribunal, el mismo que ya cerró en su momento la investigación, sin resultados”, se quejó el abogado. “Hay que perseverar en buscar a los responsables sea como sea porque un conscripto no se mandó solo”, añadió.

“Con esta causa pasa lo mismo que pasa con todos los casos de derechos humanos en la región, que llevan más de treinta años en obtener justicia”, dijo Cruz. El abogado se sumó a las críticas de varias organizaciones porque menos de 70 represores están en las cárceles. Los que sí están cumpliendo efectivamente sus condenas gozan de condiciones de reclusión de privilegio, según denuncian la AFEP y otros defensores de los derechos humanos.

Informe: Luciana Bertoia.