Desde Madrid

“ETA mata para imponer y, por tanto, no se puede dialogar. Y por eso el Estado le va a decir una y otra vez no, no, no.” Con estas palabras, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó claro que el gobierno socialista descarta cualquier tipo de negociación con el grupo separatista vasco ETA, aun después de que éste anunciara el pasado domingo una tregua en sus acciones armadas. A la contundencia que llega de los despachos gubernamentales en Madrid se le suma la decepción mayor de la esperada que puso de manifiesto casi prácticamente la totalidad de los partidos vascos luego de conocer el anuncio, con lo cual el efecto político que la banda buscaba con su movimiento ha quedado prácticamente diluido en menos de veinticuatro horas.

“ETA para porque no puede más”, sostuvo ayer Rubalcaba, quien se ocupó de señalar los golpes recientes que las fuerzas de seguridad han dado a la banda, entre los que se encuentran el desmantelamiento de su base de apoyo en Portugal y la caída de una treintena de sus miembros o colaboradores sólo en lo que va del año. De hecho, ETA no realiza un atentado en suelo español desde agosto del pasado año, y no porque no lo haya intentado, sino porque todos fueron descubiertos previamente por los servicios de inteligencia.

La lectura de Pérez Rubalcaba es compartida ampliamente por el resto del arco político nacional. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, sostuvo ayer que a su juicio el comunicado etarra “no tiene ningún valor y no cambia nada”, y le aseguró al gobierno que tendrá su apoyo en la lucha antiterrorista siempre y cuando no se produzca un cambio de rumbo. Según Rajoy, el Estado debe mantenerse firme, no negociar con la banda e impedir que alguna de sus franquicias se presente en las próximas elecciones. El PP había criticado con dureza la última negociación con la banda emprendida por los socialistas luego de la tregua de 2006 y sólo ofreció su apoyo al gobierno cuando ETA rompió la tregua pegando un puñetazo en la mesa. Esta posición del PP fue muy cuestionada en su día, ya que parecía más un medida destinada a quitarle al PSOE el mérito político si se lograba el desarme, ya que el PP durante el gobierno de José María Aznar también emprendió negociaciones con ETA que terminaron en fracaso.

El Partido Nacionalista Vasco tampoco ahorró contundencia a la hora de valorar la tregua. Su presidente, Iñigo Urkullu, afirmó que el comunicado es “un paso que precisa para ser creíble del abandono definitivo de la violencia”. El PNV exige “el cese total” de la actividad de la banda, algo que a juicio de Urkullu ETA debe al pueblo vasco, que quiere la paz y no la violencia como camino para obtener sus objetivos.

El PNV le dirigió también unas palabras a la izquierda radical vasca para que se libere de la tutela de la banda terrorista, en sintonía con las voces que desde Madrid le exigen desde hace tiempo lo mismo al entorno político etarra.

El mundo abertzale, como se conoce a la izquierda cercana a ETA, también valoró ayer el comunicado, aunque en clave totalmente diferente al del resto del arco político. Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Txelui Moreno, Agurne Barroso, Tasio Erkizia y Mariné Pueyo comparecieron en una conferencia de prensa en San Sebastián para afirmar que la tregua es “una aportación de valor incuestionable para la instauración de la paz y la consolidación de un proceso democrático” y se manifestaron convencidos de que “se están abriendo las puertas a un escenario que permita la superación de la actual realidad de bloqueo, violencia, represión y conculcación de derechos democráticos y nacionales”. Los dirigentes no aceptaron preguntas de la prensa y en el comunicado tampoco explicaron la ausencia en la conferencia de Eusko Alkartasuna, la formación aliada que es manifiestamente contraria a la violencia, con la que suscribieron el pasado fin de semana el llamamiento al cese de fuego etarra.