Desde Medellín

Protesta contra el ex presidente colombiano Uribe en la universidad de Georgetown.
Imagen: EFE.

El embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, es acusado del delito de cohecho por ofrecer cargos públicos a senadores, en 2004, para conseguir la aprobación del referendo reeleccionista que permitió a Alvaro Uribe gobernar por ocho años. Ayer, el vicefiscal general, Fernando Pareja, lo llamó a juicio; Pretelt respondió con su renuncia en el despacho del presidente Juan Manuel Santos y ante la prensa se declaró perseguido político. El jefe de Estado nombró a Andrés Felipe Arias, otro ex funcionario de Uribe implicado en escándalos, nuevo embajador en Roma. También Orlando Sardi fue designado embajador en España, y el periodista Germán Santamaría, embajador en Portugal.

“El doctor Sabas Pretelt me ha insistido mucho en que le acepte su renuncia. Finalmente se la vamos a aceptar”, dijo Santos a los medios, recordándole al “doctor Sabas que tiene un compromiso como presidente del Programa Mundial de Alimentos, donde a él lo eligieron no como representante de Colombia, sino a título personal, que asista a la última reunión de ese programa, que presida para que pueda despedirse como Dios manda”, enfatizó el presidente, calificando de “excelente labor” el trabajo de Sabas Pretelt en el Ministerio del Interior, al que renunció al comenzar el escándalo de la llamada “yidispolítica”.

Yidis Medina fue congresista en 2004, cuando el gobierno de Alvaro Uribe presentó el proyecto para reformar la ley que impedía la reelección. Con la mayoría parlamentaria, Uribe consiguió la aprobación y, en elecciones de 2006, ganó su segunda presidencia. En 2009, el noticiero independiente Noticias Uno divulgó una entrevista donde Yidis denunciaba que Uribe y su entonces ministro Sabas le ofrecieron dinero y favores a cambio de votar favorablemente por la reelección. Como Uribe no le había cumplido, explicó enojada la parlamentaria, decidió denunciarlo públicamente. Esto le implicó un proceso judicial desde entonces, donde todavía purga una condena por cohecho. Ese mismo delito se le imputa hoy a Pretelt, prestigioso empresario colombiano, dirigente gremial, que llegó a la política por invitación de Uribe Vélez.

La oposición, con el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero a la cabeza, fue la primera en denunciar ante la Procuraduría. Ayer, la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Sabas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantará la actuación en contra de éste, a quien se señala de ofrecer una notaría al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño, quien junto a Yidis confesó a la Justicia haber aceptado la oferta de boca del hasta ayer embajador en Italia y el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio.

En el desarrollo del proceso, se ha señalado que estos funcionarios del Ejecutivo conformaron una suerte de plataforma para favorecer la reelección de Uribe ofreciendo dádivas a los congresistas a cambio de votos. Según declaraciones del vicefiscal Fernando Pareja, hay suficientes evidencias para establecer que Pretelt ofreció prebendas a cambio de la reelección.

Según divulgó el noticiero de televisión de RCN la semana del 23 de agosto, la Procuraduría emitió esos días una sentencia de 103 páginas donde Alejandro Ordóñez, procurador, define que “el ministro Sabas Pretelt de la Vega se sirvió de su cargo y actuando con desviación de poder inherente a tal comisión, formuló ofrecimientos que terminaron por sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención de los dos congresistas (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño) en el trámite de acto legislativo sobre la reelección presidencial”. Más adelante, la Procuraduría detalla que Pretelt “interfirió en el trámite legislativo que pretendía reformar la Constitución con miras a introducir la reelección del presidente Uribe” y que “desde un principio fue consciente de que estaba transgrediendo la ley, pues está demostrado que asistió a reuniones con congresistas que le dieron su voto, valiéndose de su poder de ministro del Interior (...) En su condición de ministro del Interior y de Justicia sabía que efectuar ofrecimientos, directa o indirectamente, consistentes en vincular recomendados a la administración, era un acto contrario al derecho, máxime cuando en el presente caso se trataba de una de las magistraturas más importantes dentro de la estructura del poder público del Estado colombiano”.