Desde París

El cruce de sables entre Francia y las instituciones de la Unión Europea por la deportación de gitanos decidida por el presidente Nicolas Sarkozy conoció ayer un nuevo episodio con el voto del Parlamento Europeo que exhortó a Francia a “suspender inmediatamente” las expulsiones de gitanos. Por segunda vez en una semana, los eurolegisladores impugnaron la deportación de gitanos hacia sus países de origen, principalmente Rumania y Bulgaria. La nueva versión de la política de seguridad del presidente francés, detalladamente orientada hacia los extranjeros, levantó una fuerte controversia entre París, las instituciones europeas, las Naciones Unidas y el Vaticano. Por 337 votos a favor y 245 en contra, el Parlamento Europeo adoptó esta resolución presentada por socialistas, liberales, ecologistas y comunistas, en donde se recuerda además la libertad de movimiento y de residencia con la que se benefician los ciudadanos de la UE.

El Ejecutivo francés rechazó de plano esta resolución. El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, respondió a los parlamentarios de Estrasburgo en dos partes: por un lado aclaró que no se suspenderán las expulsiones y, por el otro, juzgó que la eurocámara excedió “sus prerrogativas”. La presidencia francesa alegó, a su vez, que la resolución del Parlamento europeo contradice las leyes comunitarias.

El voto de la eurocámara carece de valor vinculante, pero supone otro polémico antecedente para la política de seguridad definida por Nicolas Sarkozy. Desde el pasado 1º de enero más de 8300 gitanos fueron deportados de Francia. El texto del Europarlamento recuerda que “el derecho de todos los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias de circular y residir libremente en toda la UE constituye un pilar de la ciudadanía europea”. Los eurodiputados estimaron que “las expulsiones masivas están prohibidas” por la ley europea, ya que éstas implican una “discriminación basada en la raza o la etnia”. Es lícito reconocer que el caso de los gitanos forma parte de esas injusticias que pesan sobre grupos específicos y en cuyo fomento participan muchos actores que van desde los países que hacen de los gitanos chivos expiatorios, hasta los de origen, que los mantienen aislados mientras los estados –aquí Bulgaria y Rumania– reciben generosos fondos para mejorar la situación de los gitanos. Pero esos fondos se pierden en el camino. Francia, Italia, Alemania, Austria y Suiza están a la cabeza de las medidas restrictivas contra la comunidad gitana. Los responsables rumanos no están exentos de culpas. Los gitanos representan dos millones de personas en Rumania, es decir el 10 por ciento de la población del segundo país más pobre de la Unión. Completamente excluidos de la sociedad, el gobierno de Bucarest se escuda en el argumento, según el cual la integración de los gitanos no puede ser tratada fuera de una perspectiva europea y que todo plan tiene que aunar los esfuerzos de los países de origen y de destino.

Pese a los fondos facilitados por la Comisión europea para cambiar el orden de desprecio y marginación en el que vive la comunidad gitana, su situación no ha cambiado. Las ONG del Viejo Continente que trabajan con los gitanos señalan que sus condiciones de vida son infrahumanas. En este contexto, en medio de la ola de críticas que cae sobre París por la “estigmatización” de los gitanos, Francia y Rumania llegaron a un acuerdo destinado a actuar de forma concertada ante la Unión con el fin de tornar posible la inserción de los gitanos. El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado encargado de los Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajaron ayer a Rumania para tratar el caso de los gitanos con las autoridades locales. El ministro rumano de Relaciones Exteriores, Teodor Baconschi, adelantó en rueda de prensa que París y Bucarest acordaron “un plan de acción que nos ayudará a resolver los problemas que se nos presentan”. Bucarest enviará diez policías rumanos adicionales a París y magistrados con el fin de ayudar a la policía francesa a luchar contra los delitos cometidos eventualmente por rumanos. Tara Bedard, miembro del Centro Europeo para el derecho de los gitanos, dijo al vespertino Le Monde que Francia ha sido hasta ahora el país que “más gitanos ha expulsado”. Entre el 28 de julio y el 17 de agosto, París expulsó a 979 gitanos rumanos y búlgaros, 151 de manera forzada y 821 voluntariamente. Las expulsiones estuvieron precedidas por el desmantelamiento de campos de gitanos. Esta práctica disuasiva es también moneda corriente en Italia. En 2007, el gobierno de Romano Prodi adoptó un decreto para expulsar a los ciudadanos europeos que cometieron delitos. La medida no pudo ser aplicada por su carácter violatorio, pero el gobierno actual, a través del ministro de Interior, Roberto Maroni, anunció que solicitaría permiso a la UE para expulsar a los gitanos. En abril pasado, Alemania firmó un acuerdo con Kosovo de expulsar a 12 mil gitanos kosovares presentes en su territorio. Suiza firmó un acuerdo similar con Kosovo. En menor medida, Austria y Bélgica recurren también a deportaciones de gitanos. Esta comunidad nómada de Europa está en el centro de un discurso político agresivo en los países a donde acude y es víctima de una marginación escandalosa en sus propios países.