Desde Madrid

España vive hoy la séptima huelga general desde el retorno de la democracia, en 1977, y a juzgar por la temperatura que adquirió ayer el debate entre empresarios, gobierno y sindicatos, todo hace presumir que será una jornada histórica, con profundas consecuencias políticas que podrán verse en los próximos meses. Convocada por los sindicatos mayoritarios, la Unión General de Trabajadores, de tendencia socialista, y Comisiones Obreras, la central más cercana a las posiciones de Izquierda Unida, la huelga tiene por objetivo detener la reforma laboral impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y protestar por el duro ajuste económico impuesto por el gobierno para tratar de paliar la crisis económica.

El primero en salir ayer a calentar el debate fue el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, quien afirmó a tempranas horas de la mañana en la radio COPE, propiedad del Episcopado y una de las más escuchadas en el país, que los sindicatos “no tienen altura de miras para hacer las reformas que España necesita” y pidió al gobierno que impida la realización de los piquetes coactivos con los que las centrales sindicales piensan disuadir a los trabajadores para que no acudan a su puesto de trabajo. “El gobierno tiene que garantizar el derecho al trabajo, porque es su obligación”, afirmó Díaz Ferrán, en sintonía con sus declaraciones del pasado lunes en las que había provocado a los sindicatos afirmando que los servicios mínimos pactados con el gobierno no garantizan el derecho a trabajar de quienes así lo deseen.

Las centrales de trabajadores no se quedaron en silencio ante las palabras del máximo dirigente de la CEOE. Desde Comisiones Obreras, su líder, Ignacio Fernández Toxo, atacó a “los empresarios sin escrúpulos”, en referencia directa a Díaz Ferrán, cuyas empresas Marsans y Air Comet se han presentado recientemente en convocatoria de acreedores, dejando a miles de trabajadores en la calle. “Ese es el verdadero piquete del miedo”, afirmó Toxo. “Los sindicatos vamos a acatar la ley, pero la responsabilidad de cualquier cosa que pueda ocurrir no va a ser de las organizaciones sindicales, que vamos a ser respetuosas, será de aquellos que pretendiendo cercenar ese derecho de huelga imponen unos servicios mínimos abusivos sin ningún tipo de proporcionalidad y equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el del derecho al trabajo”, concluyó, en referencia a los gobiernos regionales que no han querido aceptar las propuestas sindicales y en cuyas zonas está previsto que se produzcan hoy los mayores enfrentamientos entre los piquetes sindicales y las fuerzas del orden.

Las centrales sindicales han recibido durante los últimos días el apoyo de figuras del mundo del espectáculo y de intelectuales progresistas, a la vez que difundieron videos por diferentes medios de comunicación explicando las razones de la huelga. La principal de ellas es la oposición a la reforma laboral elaborada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que abarata el despido y facilita las razones legales para llevarlo a cabo, disminuyendo severamente los derechos de los trabajadores. Pero mientras los sindicatos la consideran excesiva, los empresarios la han considerado poco profunda, con lo cual la reforma socialista terminó por no convencer a ninguno de los actores enfrentados en el conflicto.

Con cuatro millones de desocupados, la crisis económica que afecta al país desde hace dos años ha producido estragos en el mercado laboral, elevando el índice de desempleo hasta el 20 por ciento del total de la población activa. En el sur y en algunas ciudades de la costa del Mediterráneo el total de “parados”, como se denomina en España a los que han perdido su trabajo, llega al 25 por ciento, “cifras tercermundistas”, afirman los sindicatos, que no comprenden cómo el gobierno ha pretendido remediar el problema facilitando el despido, cuando lo que había que hacer era proteger los puestos de trabajo que habían logrado sobrevivir al sacudón de la crisis.

Los socialistas trataron durante los últimos días de minimizar el impacto que tendrá la huelga, pactaron con las centrales sindicales los servicios mínimos y hasta dejaron abiertas las puertas a la negociación posterior, temerosos de que la medida termine por pasarles una factura política de envergadura en las urnas en las próximas elecciones generales, tal y como le ocurrió a Felipe González cuando la gigantesca huelga general de 1994 terminó por herir de muerte a su gobierno.