Desde París

La revista Newsweek titula en tapa: “El nuevo extremismo europeo: Sarkozy y el avance de la ultra derecha”.

Un vistazo apenas distraído a los titulares de la prensa francesa de esta semana deja una sensación de persecución deliberada. Casi todo es cuestión de extranjeros, de confusión sabiamente destilada entre extranjeros, inmigración ilegal y delincuencia. Tema predilecto de la derecha francesa a lo largo de los últimos veinte años, los extranjeros son el expediente más suculento del mandato de Nicolas Sarkozy. La historia se aceleró en el verano, con un durísimo discurso de Sarkozy en el que, de la mano de un paquete de medidas represivas que desembocó en la expulsión de los gitanos, el jefe del Estado asimiló la delincuencia a la inmigración. La traducción legislativa de ese discurso se plasmó esta semana. El Ejecutivo, a través del ministro de Inmigración e Identidad Nacional, el ex socialista Eric Besson, presentó un nuevo proyecto de ley relativo a la inmigración. Su contenido es no sólo altamente represivo, sino que también inaugura una nueva categoría de ciudadanos al crear obligaciones diferentes para quienes nacieron en Francia, es decir, los “originarios”, y quienes se naturalizaron franceses. Eric Besson defendió el arsenal de medidas restrictivas y dijo al diario Le Parisien que su ministerio tenía por vocación fabricar “buenos franceses”.

Además de potenciales delincuentes, infractores natos, abusadores de los servicios sociales de Francia, los extranjeros han pasado a ser una suerte de amenaza para los valores de la República. Este discurso global también incluye a dirigentes del Partido Socialista que se sumaron a la gran cruzada de protección de la identidad francesa y de la seguridad, ambas seriamente amenazadas por el que viene de afuera. En este contexto, el proyecto de ley sobre Inmigración –el sexto impulsado por Sarkozy desde el año 2002– integra sanciones severas para los inmigrados. Una de sus disposiciones más controvertidas consiste en el retiro de la nacionalidad francesa para extranjeros nacionalizados que hayan atentado contra la vida de un miembro de las fuerzas del orden. Esta disposición fue anunciada por el mandatario en su discurso de la localidad de Grenoble. La ley también impone, a los naturalizados, obligaciones de las que están exentos quienes nacieron en Francia. Se trata, por ejemplo, de firmar un protocolo de los derechos y deberes del ciudadano. Puestos en tela de juicio jurídicamente y por muchos diputados de la mayoría conservadora, el retiro de la nacionalidad y la firma del protocolo suscitó una ola de indignación entre los defensores de los derechos humanos.

Entre el paquete de medidas figura una que prevé que los extranjeros, incluidos los europeos, que “abusen del permiso de residencia” podrán ser expulsados del país. La ley también sanciona a los extranjeros que representen una “carga no razonable para el sistema de asistencia social”. Con ello se apunta a facilitar la expulsión de las personas sin papeles. En otro de los capítulos, el dispositivo legislativo contempla reducir el derecho de los extranjeros con enfermedades graves que residen y reciben atención médica en el territorio francés. Antes, los enfermos graves tenían derecho a un permiso temporal si éste carecía de medios para adquirir los medicamentos necesarios en su país. Ahora, este derecho instaurado en los años ’90 se reduce a la condición de que el extranjero se podrá curar en Francia “siempre y cuando el medicamento no exista” en su país. Las restricciones se han ido acumulando con las sucesivas leyes y han llegado a generar situaciones inextricables que penalizan incluso –y sobre todo– a aquellos que no vienen con ninguna intención de abusar, de robar o de vivir del Estado. Los extranjeros que se casan con franceses o los extranjeros que se casan entre sí pueden verse despedazados por un aparato administrativo represivo que asimila lo extranjero a la ilegalidad innata o al abuso y que torna la relación amorosa en una suerte de crimen. Es lícito señalar que existen numerosos casos de aprovechamiento del generoso sistema de protección social francés y que también, por razones culturales, se dan situaciones de poligamia.

Sin embargo, el Estado parece incapaz de establecer las diferencias. Todo lo extranjero está bajo sospecha. El Ejecutivo trabaja con tanta imaginación y perseverancia que llegó a idear un nuevo delito, “ayuda a la residencia irregular”, con el que se sanciona a las personas que alberguen a un extranjero sin papeles. El resultado es exactamente el contrario al buscado. El gobierno quería atraer a personas de alta calificación, pero éstas, enfrentadas a los meandros administrativos y a la sospecha, renuncian y se van.

Las asociaciones humanitarias, los defensores de los inmigrantes y de los derechos humanos denunciaron el corte inflexible de la nueva ley. Amnistía Internacional la calificó como “indigna de un Estado de Derecho”. La prensa nacional e internacional cargó de forma frontal contra Nicolas Sarkozy. El último número del semanario norteamericano Newsweek está consagrado al avance de la extrema derecha en Europa y Sarkozy ilustra la tapa como emblema de esa ola marrón que va ganando el Viejo Continente. Sarkozy aparece descripto como “un centrista que juega con el extremismo”. La elección de Sarkozy como foto de tapa es un despropósito. El presidente francés no pactó con la extrema derecha para formar gobierno, a diferencia de Silvio Berlusconi en Italia. Sin embargo, la ofensiva legal y legislativa contra los extranjeros, la expulsión de los gitanos y las declaraciones de grosero racismo de miembros de su propia mayoría le han valido una imagen nefasta en el mundo.