Lo que empezó como una insubordinación policial por un tema económico derivó en una grave amenaza al orden democrático de Ecuador. Con el antecedente de la experiencia golpista en Honduras a la vuelta de la esquina, el gran interrogante en las horas agitadas de anoche era saber hasta qué punto se podía poner en jaque al gobierno de Rafael Correa. La tardía reacción de las fuerzas armadas leales al presidente precipitó el rescate del mandatario.

Horas antes, analistas ecuatorianos consultados por Página/12 señalaban que el levantamiento carecía de apoyos para prosperar. “No hay posibilidad de un triunfo político de los insubordinados, porque están solos, no tienen respaldo”, dijo ayer Adrián Bonilla, director de Flacso Ecuador. “Es distinto que Honduras, donde se dio la participación de organizaciones, gremios y partidos que apoyaron el golpe. Aquí nadie se pronunció a favor”, dijo José Luis Ortiz, analista del periódico El Expreso, de Guayaquil.

Sin embargo, durante la jornada llamó la atención que no se oyeran voces condenatorias de sectores de la oposición ecuatoriana. Los expertos fueron demasiado cautos al no usar el término “golpe de Estado”. “Nadie planteó ni la deposición ni la sustitución del mandatario. Es un secuestro violento del patrono políticamente significativo porque se trata del presidente”, dijo Bonilla.

Se le preguntó si el malestar en la policía venía de antes. “Ha habido una serie de regulaciones que erosionaron la autonomía de las instituciones y disminuyeron las competencias de los mandos. La gota que colmó el vaso fue la aprobación de una ley que regula el servicio público y elimina el texto que mantenía beneficios económicos a esas fuerzas”, dijo Bonilla. El analista agregó un dato. “El malestar coincidió con que dentro de la gobernante Alianza País unos 20 legisladores votaron en contra de las leyes de servicio público y de Educación Superior. Correa amenazó con la disolución de la Asamblea Nacional, pero quedó sólo en una amenaza”.

Para Ortiz, el gobierno no manejó bien el consenso. “En el Congreso, el oficialismo en algunos casos tuvo que negociar con la oposición, le envió el texto a Correa, quien lo vetó. Después el bloque oficialista no ratificó los acuerdos.”

Y eso que Correa quería hacer más eficiente y transparente a la policía.