El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, insistió ayer, en su habitual informe sabatino emitido por radio y televisión, en que cayó en una trampa durante la sublevación policial del pasado 30 de septiembre y remarcó que “no habrá ni perdón ni olvido” contra los instigadores de la revuelta.

El mandatario recordó que ese día acudió a un regimiento de la policía para intentar aplacar una protesta y conversar con los agentes sobre una ley que, según los insubordinados, afectaba sus conquistas salariales, pero a la que calificó como beneficiosa para ellos.

“Apenas acudimos, nos dimos cuenta de que era una trampa y que se trataba de una insubordinación azuzada por intereses políticos. Incluso, si nos hubiéramos equivocado al asistir al regimiento policial, esto no se corrige a balas, sino en democracia”, apostilló el mandatario.

Correa señaló, en su informe sabatino, que se han recogido pruebas de lo que califica como un “intento de golpe de Estado” y criticó a analistas y editorialistas que han expresado sus dudas sobre esa versión. El mandatario hizo hincapié en la actuación de ciertos grupos de oposición que advirtieron del alzamiento policial antes de que éste se produjera o que azuzaron a estudiantes de un colegio de Guayaquil para apoyar la protesta de los agentes.

Sobre todo identificó al Partido Sociedad Patriótica (PSP), que dirige el ex mandatario Lucio Gutiérrez, y al Movimiento Popular Democrático (MPD), un antiguo aliado suyo de izquierdas que, según él, se ha convertido en “uno de los mejores aliados de la derecha”. Específicamente, se refirió a una entrevista televisiva que concedió el legislador Galo Lara, del PSP, que horas antes de la sublevación advertía de una eventual revuelta y de la supuesta preparación del presidente para salir del país por temor a las agresiones policiales.

Correa también rechazó que la dirigente sindical Mary Zamora, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), controlada por el MPD, haya concurrido a colegios de Guayaquil para convocar a los estudiantes a apoyar la protesta de los policías. Asimismo, el presidente dijo que el legislador Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio Gutiérrez, se reunió con sus correligionarios la noche anterior a la revuelta en un hotel de la ciudad, y que durante la revuelta, aparentemente, dio órdenes a la escolta legislativa, en la sede de la Asamblea, que también se sumó a la rebelión. El gobernante reprochó también a otros dirigentes opositores que apoyaron a la sublevación como el sindicalista petrolero Diego Cano, y pidió a la Fiscalía que investigue la participación de sus detractores en los acontecimientos. “Este episodio ha sido como una espada en el corazón, realmente estoy destrozado por dentro, las cinco muertes, decenas de heridos por la sublevación de la fuerza policial, de una parte de la fuerza policial”, afirmó Correa.

Señaló que en esa revuelta “no participaron más de mil policías, cuando hay 42.000 en el país, la gran mayoría de ellos, buenos”. Agregó que muchos de los policías de tropa que se rebelaron “fueron engañados”, pero que hubo quienes tomaron las armas y dispararon contra el pueblo y sus mismos “hermanos policías”, así como contra los militares que lo rescataron.

“Aquí no habrá ni perdón ni olvido contra quienes atentaron contra la democracia y quisieron matar al presidente”, añadió Correa, tras enfatizar que en Ecuador, “nunca más volverán a someternos a la fuerza de las armas”.

Lo que sucedió el 30 de septiembre fue injustificable e intolerable, dijo Correa, El jefe del Estado dijo que no tolerará que se organicen grupos paramilitares, en relación con la presencia de un grupo conocido como Grupo Armado Policial, que habría difundido correos electrónicos y pasquines llamando a la sublevación.

Sin embargo, destacó la actitud de miles de ciudadanos que acudieron a las inmediaciones del hospital policial, donde estuvo retenido, para apoyarlo e intentar su rescate. “Esto ha logrado unir a los verdaderos patriotas”, remarcó.