Desde La Paz

Las organizaciones indígenas y campesinas reunidas en el Pacto de Unidad presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley de la Madre Tierra. Este documento reconoce al planeta como un ser vivo y, por lo tanto, con derechos. La propuesta incluye la prohibición de actividades económicas que afecten al medio ambiente, como las realizadas en Bolivia por decenas de empresas mineras, hidrocarburíferas, forestales y otras que deterioran las “bondades de la naturaleza”, como optan por llamar a los recursos naturales. Los asambleístas se comprometieron a debatir el texto en las próximas dos semanas. El gobierno de Evo Morales pretende presentar esta ley en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en México en diciembre.

El proyecto fue elaborado por las cinco confederaciones nacionales indígenas y campesinas que apoyaron a Morales para que llegara al Palacio Quemado en 2006. Fue construido en decenas de encuentros que las organizaciones efectuaron en todos el país.

“Agradezco al Pacto de Unidad por la capacidad y la honra para trabajar propuestas de ley. Ahora nuestra obligación es aprobarla y legislarla. Quizás haya alguna coma para cambiar o algo que podamos complementar. De lo contrario, se aprobará de aquí a 15 días”, dijo el senador del MAS Isaac Avalos en la Plaza Murillo, cuando recibió el texto de manos de los dirigentes del Pacto.

Hace meses, Avalos era secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a la que está afiliado el presidente aymara. Se comprometió a impulsar la aprobación de la propuesta porque “nunca nos vamos a olvidar de los movimientos sociales”, aseguró a los cientos de indígenas y campesinos en la plaza. Habían marchado desde la Ceja de El Alto, bajo una lluvia helada, para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón y para entregar el proyecto a los legisladores.

El Pacto de Unidad había presentado en 2006 un anteproyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente. Luego de varias modificaciones, ese documento sirvió de base a la actual Carta Magna. Aunque en apariencia tienen mucha cercanía con el gobierno de Morales, las organizaciones reclaman más participación en la gestión del Estado Plurinacional.

“Seguimos lejos del Estado. Como hace cinco años, todavía lo vemos extraño. Con este proyecto esperamos dar línea del horizonte adonde estamos yendo. No podemos ver al Estado y al gobierno lejos de las organizaciones. Tenemos que hacernos dueños de este proceso y avanzar. El proceso de cambio recién se va a instaurar cuando generemos leyes desde abajo”, dijo la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob BS), Julia Ramos, quien fuera ministra de Desarrollo Rural durante la anterior gestión de Morales.

La iniciativa recoge las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, realizada en abril pasado en Cochabamba con la participación de 30 mil personas de todo el mundo.

Para las organizaciones, uno de los puntos más conflictivos del proyecto refiere al derecho a la consulta vinculante que tienen las comunidades indígenas y campesinas cuando el Estado quiere explotar recursos naturales de sus territorios. Así figura en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos con rango de ley en Bolivia. Pero en varias normativas ya aprobadas por la Asamblea Legislativa, así como en el proyecto gubernamental de ley de la Madre Tierra, el derecho a la consulta se reconoce pero no se lo considera vinculante. Esto quiere decir que las comunidades no podrían vetar las iniciativas económicas que afecten a sus poblaciones. Según el Pacto de Unidad, el derecho a la consulta no tendría sentido si sus opiniones no fueran tomadas en cuenta por el gobierno.

Luego de que las organizaciones entregaran su propuesta, realizaron una ofrenda a la Pachamama para que fuera aprobada “sin que muevan una coma”, según el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe. La ceremonia se complicó por la lluvia, y también por el accionar de policías que no querían permitir la realización del acto frente al edificio legislativo. Pero la presencia de medios de comunicación hizo que los uniformados dejaran de poner de manifiesto las contradicciones del Estado Plurinacional.

La ley de la Madre Tierra propone ser “paraguas” de otras leyes sobre agua, bosques, tierras, minería e hidrocarburos, entre otras. El Estado deberá contar con un Ministerio de la Madre Tierra encargado de ejecutar la normativa. El proyecto también determina obligaciones de las personas con el planeta. El Pacto exige que la población tenga mecanismos de control social para asegurar la protección de la naturaleza.

La mayoría de los ingresos en Bolivia provienen de la explotación de hidrocarburos y minerales. En este sentido, el texto establece que “la exploración, explotación, industrialización, comercialización y toda la cadena productiva debe usar tecnología adecuada que no contamine a la Madre Tierra”.

También prohíbe este tipo de actividades “dentro de áreas protegidas, lugares sagrados de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianos y lugares de fragilidad ecológica”. El gobierno boliviano espera que la ley de la Madre Tierra esté promulgada para la COP 16, a realizarse en diciembre en Cancún.

El Pacto de Unidad está integrado por la Cnmciob BS, la Csutcb, el Conamaq, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib).