Desde Caldera

El pasado jueves 30 de septiembre se realizó una denuncia ante el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó. Hasta allí se acercaron alrededor de cincuenta personas, familiares de 24 de los 33 mineros recientemente rescatados. La cara visible de esta querella fue la alcaldesa del municipio de Caldera, Brunilda González, el pueblo más cercano a la mina San José. “Esta es una acción directa que va contra los integrantes de la empresa y aquellos funcionarios públicos que en actitud negligente dejaron de cumplir normativas tan importantes como es la seguridad de nuestros trabajadores”, explicó la alcaldesa a este diario. “Sólo hay tres inspectores en Atacama para 884 minas y el gobierno nacional sabía esto y no hizo nada”, agregó. La indemnización pedida a la empresa ronda los 12 millones de dólares, aunque se elevará porque las familias de otros cinco mineros rescatados se están sumando a la querella.

“Ya el 23 de agosto, el día después de que se supo que estaban con vida, nos acercamos a la fiscalía para ser parte de la causa. Las familias confían en el municipio, primero porque es autónomo. Además, se entiende que el gobierno, por más que ahora ofrezca abogados gratis a los mineros, no se va a autodemandar”, recordó la alcaldesa. La cifra por la demanda civil por perjuicio contra los trabajadores salió luego de varias reuniones entre familiares. Muchos de ellos, alojados y alimentados por el propio municipio en Caldera y Bahía Inglesa durante los casi 70 días que duró el rescate. “Fue la primera autoridad en llegar a la mina el día del accidente”, aseguró.

Para esta mandataria, la responsabilidad debe ser compartida entre el Ministerio de Trabajo y la empresa. “Pasa que a la mina San José el gobierno la cerraba por un lado y la abría por el otro. El 5 de julio pasado la cerró el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Pero el 29 de julio la volvió a abrir, por medio de una secretaría, el Ministerio de Salud. Si hubiera estado cerrada no pasaba el accidente”, explicó. Por este motivo, la alcaldesa denuncia que hubo “sobornos” y “tráfico de influencias” por parte de funcionarios estatales. En lo que atañe a los empresarios, en Chile, según ella, nunca se pudo meter preso a uno. Sólo a uno tuvo condena efectiva: era coreano.

Consciente del desafío que implicaba empezar este megajuicio, González buscó a un abogado a la altura de la situación. Lo conoció en una demanda hecha por los familiares de un trabajador portuario de Caldera que hace tres años que fue literalmente descabezado en un accidente de trabajo. “Este abogado no sólo consiguió una muy buena indemnización, sino que logró al menos que los empresarios pasaran por los tribunales y fueran formalizados (procesados)”, recordó la alcaldesa. El letrado se llama Edgardo Reynoso y atiende en Valparaíso.

Al atender, este abogado agradeció la posibilidad de hablar. “Nadie, ningún medio de prensa grande en Chile quiere tomar este juicio”, dijo. Después dio el nombre del funcionario que reabrió la mina en julio: el secretario regional del Ministerio de Salud de Copiapó, Raúl Martínez. “Yo no creo que ese hombre haya siquiera bajado a ver las condiciones en las que estaba el lugar, pero para él estaban dadas todas las condiciones de seguridad para habilitar la mina”, dijo. El funcionario fue despedido luego por autorizar una termoeléctrica que finalmente fue cerrada. “Bueno, ésa no es la verdadera razón para mí. El presidente (Sebastián) Piñera lo despidió cuando supo que era él quien había reabierto la mina. No quería quedar manchado”, aseguró.

Los dueños de la mina, Marcelo Kemmeny y Alejandro Bohn, recién fueron informados oficialmente de la denuncia y la demanda ayer. La idea, según comentó él y también la alcaldesa, es que se pague un millón de dólares a cada minero. Aunque la suma, en definitiva, la va a determinar la Justicia. Se los acusa desde la querella de los delitos de “lesiones” y “homicidio frustrado”. Unos de los abogados defensores de la empresa sugirió en una radio que “si no fuera por el refugio que construyó la empresa, los mineros no hubieran sobrevivido, estaban dadas todas las condiciones de seguridad”. Del otro lado del mostrador, Reynoso adelantó: “El próximo martes vamos a la fiscalía de Caldera para que se los empiece a investigar de una vez y sean, como dicen ustedes, ‘procesados’”, comentó.

La demanda contra el Estado está todavía en preparación porque es más compleja. “Creo que en diez días la presentamos”, dijo el abogado. Los familiares, según Reynoso, están muy agradecidos por las labores de rescate hechas por el propio gobierno, pero también quieren justicia. El presidente no es ajeno al tema. Su hermano José fue ministro de Minería durante la dictadura de Augusto Pinochet y en 1981 impulsó la aprobación de la Ley Constitucional de Minería, que deterioró las condiciones de seguridad de la actividad.

“Ese reglamento no considera necesarias ciertas medidas de seguridad importantes y además no sanciona las conductas ilícitas de los empresarios de la minería”, aseguró el letrado. Para muchos dueños de minas es más rentable pagar las multas por romper las reglas de seguridad que invertir en mejorarlas. Gracias a la demanda de los familiares motorizada por la alcaldesa, el Primer Juzgado de Letras aceptó una medida precautoria para resguardar “de hasta 900 millones de pesos aproximadamente (1.800.000 dólares)”, retenidos por parte de la Empresa Nacional de Minería y que iban a ser cancelados a la empresa San Esteban.

“Esta querella es para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir una cosa de esta naturaleza, para que los malos empresarios sean juzgados en nuestro país. Tiene que ser un ejemplo nacional y mundial”, afirmó la alcaldesa. Si es necesario, agregó, se llegará a cortes internacionales para conseguir una condena. Los intereses en contra son los que fundaron económicamente al país: Chile es el principal productor de cobre en el mundo, mineral que representa el 40 por ciento de sus exportaciones.