Al actual presidente colombiano Alvaro Uribe se lo vinculó reiteradamente con los grupos paramilitares de derecha (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). En julio, Estados Unidos, sostén internacional fundamental del gobierno de Uribe, pidió la extradición de los dos jefes de AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, bajo el cargo de narcotráfico. Y, además, Uribe está comprometido en una lucha frontal y en toda la línea con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todo esto confluye para dar lugar a lo que comenzó ayer: el inicio de un diálogo de paz del gobierno con los paramilitares, en sí mismo, una forma de blanquearlos y de, como pidió el jefe del servicio secreto colombiano DAS hace dos días, incorporarlos a la lucha antiguerrilla. Los paramilitares, divididos en facciones internas, están efectuando ya una tregua unilateral buscando el cumplimiento de los 12 puntos de la agenda pactada con el gobierno. Mientras tanto, el diario Los Angeles Times desmintió que dos corresponsales suyos hubieran sido secuestrados por la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las AUC tienen actualmente una fuerza considerable: 10.000 efectivos (aunque Castaño dijo recientemente que llegaban a 15.000) y una presencia en 200 de los 1098 municipios del país y en 13 de los 32 departamentos del país. Lideradas por Carlos Castaño (quien en los ‘80 creó un grupo paramilitar en la región de Urabá junto a su hermano Fidel tras el asesinato de su padre, Jesús Antonio Castaño, a manos de las FARC), las AUC son el producto de la unificación, en 1997, de los diversos grupos paramilitares que operan en Colombia en combate directo con las FARC y la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los paramilitares se dividieron en mayo de 2001, Castaño renunció y se pasó a una dirección colegiada de nueve comandantes. En septiembre pasado, los “paras” anunciaron su reunificación para encarar este proceso de paz.
Entre los 12 puntos reclamados por los paramilitares figuran: el reconocimiento político de la organización (algo a lo que se oponía la agenda de las FARC acordada con el gobierno pasado de Andrés Pastrana, cuando existía proceso de paz con esta guerrilla); el derecho a reaccionar “en legítima defensa” cuando grupos guerrilleros entren en territorios bajo control paramilitar, aunque se llame al gobierno a asumir el control de estas regiones; la solicitud para el gobierno de mantener económicamente a los paramilitares mientras dura la negociación; y la entrega a Unicef de todos los menores de edad que operen en los grupos.
En lo que se refiere a la persecución por narcotráfico, Castaño reconoció en una entrevista reciente que el 70 por ciento de los recursos de las AUC provienen del narcotráfico, por lo que no extraña que en los 12 puntos haya una precisión sobre estos temas. Los paras reclaman que la sustitución de cultivos ilícitos debe contar con el apoyo de organismos multilaterales de crédito, que se suspendan las acciones legales contra sus negociadores y que se permita la excarcelación de sus integrantes actualmente detenidos. Este último propósito es “irrenunciable”.
Las AUC, como las FARC y el ELN, están incluidos en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado norteamericano. Cuando cayó el pedido de extradición contra Castaño y Mancuso (se los acusa, junto a Juan Carlos Sierra Ramírez, de haber enviado más de 17 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa desde 1997), el primero dijo que estaba dispuesto a entregarse luego de arreglar algunos asuntos personales en Colombia, pero nunca más habló del tema.
Las informaciones sobre el posible diálogo de paz entre el gobierno y los paramilitares ya originaron el año pasado la ruptura de los contactos vía Cuba con el ELN. Esta guerrilla acusó al gobierno de haberse aliado con las AUC y cortó el contacto, mientras el gobierno respondió que esto demostraba la falta de voluntad de paz del ELN. El ex procurador Jaime Bernal, de la Comisión Facilitadora de Paz, se entrevistó ayer con dos portavoces de la guerrilla para tratar de reactivar el diálogo. En cuanto a la relación entre las FARC y el gobierno, la guerra es sin cuartel. La policía colombiana había asegurado que dos periodistas de Los Angeles Times habían sido secuestrados por el ELN. “Debo aclarar que Ruth Morris y Scott Dalton no fueron secuestrados, sino que están en proceso de obtener una entrevista con el ELN. Normalmente estas cosas toman tiempo porque los lugares donde permanece la guerrilla son lejanos”, declaró más tarde Thomas Miller, jefe de corresponsales del diario en Bogotá.