Cuando termina una gran tormenta hay alivio, pero después hay que ver todo lo que quedó roto. Esto es lo que le pasa al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Por un lado, como la traducción judicial de la agonía del paro que ya lleva 53 días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió suspender la realización del referéndum consultivo para el 2 de febrero que la oposición se había fijado como objetivo desde el inicio del conflicto. Por el otro, el gobierno se vio obligado a decretar un feriado cambiario por cinco días como antesala de un control de cambios, ante la imparable fuga de divisas y la depreciación del bolívar. La crisis económica tenderá a agudizarse mientras no se normalice el circuito petrolero, parado por la oposición y sólo parcialmente reactivado por el gobierno en las últimas semanas.
La medida, convenida entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV), busca cortar la hemorragia que ha sufrido la economía del país con la caída de 574 millones de dólares en sus reservas desde el inicio del paro, el pasado 2 de diciembre, y la depreciación desde entonces en más del 30 por ciento del bolívar. El ministro de Finanzas Tobías Nóbrega dijo que el drenaje diario de divisas llegaba a 28,7 millones de dólares. “Si no tomamos rápidamente la decisión que estamos tomando, en cuestión de cuatro semanas, el nivel alto de reservas (actualmente está en 11.000 millones de dólares) estaría en un nivel crítico”, indicó. Pero estas medidas son tan solo la antesala de otras. El presupuesto será rebajado en casi un 10 por ciento, por la caída en los ingresos petroleros y de lo recaudado por el IVA al bajar el consumo durante el paro. A su vez, el IVA mantendrá su alícuota de 16,5 por ciento, pese a que el gobierno prometió el año pasado bajarla, y se extenderá hasta diciembre la duración del Impuesto al Débito Bancario (al cheque), que en principio era hasta marzo.
La decisión del Tribunal Supremo le da más oxígeno aún al gobierno, pero todavía no es un éxito judicial completo. El fallo suspende, no anula, el llamado al referéndum, sostenido en una medida cautelar pedida por el gobierno ante el hecho de que uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) que llamó al referéndum es un alto dirigente de la oposición. La otra dificultad para la oposición es económica: el dinero para el referéndum, incluso si logra que sea provisto por el sector privado, debe pasar por una aprobación en el Parlamento, donde el chavismo es mayoría. La tercera dificultad es política, pues los propios mediadores del conflicto están pidiendo fin del paro y realización de los comicios en agosto. Postergar la realización del referéndum para tratar de ganar una batalla judicial (el 2 de febrero está muy cerca) sería un contrasentido para una oposición que está perdiendo fuerza.