Como un dominó, la crisis política paraguaya sigue desatando renuncias. Ayer dimitió el ministro de Interior, Julio Fanego, luego de que el día anterior lo hiciera el ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira. Ambos son los principales involucrados en el caso de terrorismo de Estado que conmueve al país, y que amenaza con poner al descubierto el verdadero entramado de la política local: el secuestro, desaparición y tortura de dos dirigentes de izquierda del Movimiento Patria Libre (MPL). A la vez, fue convocada la Cámara de Diputados para que mañana levante su receso y trate la presunta implicación del gobierno en los hechos y el embajador de Estados Unidos en Asunción, David Greenle, pidió aclarar a fondo el secuestro por 63 días de la esposa de un empresario paraguayo y la desaparición por 13 días de los dos militantes del MPL. Mientras tanto, las disputas de poder intestinas hacen difícil prever el desenlace de esta historia y el futuro del ya endeble presidente Luis González Macchi.
El aparente enredo parece despejarse poco a poco: los policías que secuestraron y torturaron a los dirigentes del MPL Juan Arrom y Anuncio Martí, ya identificados como integrantes del Centro de Investigación Judicial (CIJ), formarían parte, según las investigaciones del periodismo local, de un grupo parapolicial –integrado por civiles, militares y policías; la mayoría de estos últimos provenientes de la dictadura– que opera a las sombras (aunque no tanto) del poder de turno. Sobre ellos se acumulan múltiples sospechas: en primer lugar, haber estado implicados en otro secuestro de hace apenas dos meses y por el que, formalmente, estaban perseguidos Arrom y Martí: el de María Edith Bordón de Debernardi, esposa de un empresario y a la vez concuñada de Arrom. También existen indicios de la participación de este grupo parapolicial en un megaasalto de 11 millones de dólares, realizado hace dos años, en el aeropuerto de Asunción a un avión que trasladaba valores. En ese momento, se comprobó la relación de esta banda con el entonces ministro de Interior Walter Voguer, también acusado de torturar a policías involucrados en el frustrado golpe del 18 y 19 de mayo de 2000. Las vinculaciones paraestatales de la banda se suman día a día y fueron las causales de las dos renuncias ministeriales. Fue el propio Arrom quien tras ser rescatado relató que mientras permanecía secuestrado lo visitó primero el ministro de Justicia y Trabajo y, horas más tarde, recibió la oferta telefónica del ministro de Interior para que se confesara culpable del secuestro de Bordón de Debernardi e involucrara a empresarios, a determinados medios de comunicación y al propio general Lino Oviedo en el financiamiento de acciones de desestabilización institucional. A cambio, le ofrecieron una suma de dinero y un traslado a cualquier lugar del mundo. Ayer, tras la renuncia de Fanego, el gobierno paraguayo decretó el cierre de la Secretaría Nacional de Información, división de Inteligencia de la Presidencia.
Ahora, el enigma es qué sector político logrará capitalizar semejante crisis que amenaza el futuro del cuestionado González Macchi. Uno de los principales operadores por su renuncia es su segundo: el vicepresidente paraguayo del opositor Partido Liberal (PLRA), Julio César Franco y el presidente de ese partido, Miguel Abdón Saguier, quien reclamó la dimisión del presidente “ante la envergadura de los hechos imputados”. Saguier, además, convocó ayer a todos los partidos del arco político vernáculo, exceptuando al Partido Colorado. Aunque no todos asistieron, entre los presentes no se logró acordar el pedido de renuncia presidencial tal como Saguier y Franco aspiraban; apenas se consensuó una “agenda contra el terrorismo de Estado”. Hace dos meses Franco intentó una jugada similar que también fracasó: convocó a las organizaciones sociales más importantes –y que en la movilización actual desempeñan un papel fundamental– y a sectores oviedistas a formar un Frente Patriótico y llamó a movilizarse contra González Macchi. Esa unidad nunca se concretó.
Desde el oficialismo, Nicanor Duarte Frutos, el presidente del Partido Colorado –al que pertenece González Macchi– juega a dos puntas. En diálogo con Página/12, el analista político José Nicolás Morínigo,ilustró: “Duarte, por un lado, intenta despegarse de González Macchi para que el peso del escándalo no empañe su próxima candidatura presidencial; a eso se debió su histórica reacción: denunció en un comunicado oficial el secuestro de los militantes y la participación de miembros del gobierno. Al mismo tiempo, trata de que la presión no sea tan fuerte para que González Macchi pueda completar su período y, así, seguir utilizando el aparato partidario hasta poder sucederlo”. Morínigo agrega: “Mientras tanto, el oviedismo se mantiene en un estado expectante. Saben que una participación fuerte de ellos generaría el repliegue del movimiento de derechos humanos que está protagonizando los reclamos. De hecho, algunos oviedistas fueron a un recital en contra del terrorismo de Estado y la gente los obligó a abandonar el lugar”.

Informe: Verónica Gago