Por Clodovaldo Fernández *
Desde Caracas

El gobierno venezolano dio ayer una demostración de respaldo popular y de organización política con una gigantesca manifestación en las calles de Caracas. Cientos de miles de simpatizantes del presidente Hugo Chávez caminaron varios kilómetros desde dos diferentes puntos de partida para concentrarse en la céntrica avenida Bolívar. La marcha tuvo lugar en el día número 53 de la huelga general convocada por la oposición, en medio de una gran escasez de combustible y al día siguiente de haberse anunciado la suspensión temporal del mercado de divisas para evitar la fuga de capitales. En otro golpe a la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de suspender anteayer el referéndum consultivo, dictaminó que la “desobediencia civil” contemplada en la Constitución no puede ejercerse contra “gobiernos legítimamente constituidos”. Momentos antes de que Chávez diera su discurso, una bomba estalló cerca de una estación de metro y mató a una persona.
Los chavistas se mostraron eufóricos por la decisión que en la víspera tomó el Tribunal Supremo de Justicia, que suspende temporalmente un referéndum consultivo sobre la renuncia del mandatario impulsado por la oposición. Como para ratificar esta victoria jurídica, unas 200 personas destruyeron una valla de la coalición opositora Coordinadora Democrática, en la que se venía realizando una cuenta de los días que faltaban para la consulta, prevista para el 2 de febrero. De la valla, que estaba en la ruta de la marcha, sólo quedó el armazón metálico.
Hacia el mediodía, la avenida Bolívar, una vía de ocho carriles y dos amplias aceras, lucía abarrotada del color rojo que usan los simpatizantes de Chávez. Muchos más debieron buscar espacio en calles laterales. “Vine a defender a la industria petrolera y a apoyar al comandante Chávez en su lucha contra el golpismo y el fascismo”, expresó María Torres, una maestra del estado oriental de Sucre, quien viajó toda la madrugada para llegar a Caracas. Como ella, fueron decenas de miles los que vinieron de otros lugares del país, buena parte de ellos transportados por autobuses contratados por el partido gubernamental Movimiento V República (MVR) o fletados por gobernaciones y alcaldías bolivarianas.
Otros llegaron desde los barrios, casi todos precariamente establecidos en las colinas que rodean la ciudad, enclavada en un largo y estrecho valle. “Bajaron los cerros otra vez, por eso los escuálidos están asustados”, comentó Antonio Rivas, utilizando el apelativo que el presidente Chávez acuñó para referirse a sus opositores. El temor a que “bajen los cerros” es un trauma de los habitantes de los barrios de clase media y alta de la ciudad que data de 1989, cuando se produjeron violentos motines populares con saqueos de comercios y centenares de muertos. Durante los días previos a la marcha de ayer, en muchos condominios de la ciudad los vecinos acordaron planes de contingencia para enfrentar posibles acciones vandálicas de los oficialistas.
Una de las consignas fundamentales fue “Limpieza en PDVSA”, en reclamo de que sean expulsados de la empresa Petróleos de Venezuela los gerentes que paralizaron esta industria durante diciembre. El gobierno está cumpliendo con esta solicitud y el jueves publicó una nueva lista de unos 500 despidos, con lo que el total ya se aproxima a los 2000.
Los manifestantes también repitieron sin cesar su llamado a que el gobierno aplique “mano dura” contra sus adversarios. Y eso parece ser, precisamente, lo que está haciendo, pues en horas de la madrugada un contingente de la Guardia Nacional realizó una inspección forzosa del parque de armas de la gobernación del estado de Carabobo, a cargo de Henrique Salas Feo, del partido opositor Proyecto Venezuela. La racha jurídica contraria a la oposición venezolana no se detiene. Además de suspender el referéndum consultivo sobre la renuncia del presidente Hugo Chávez, el Tribunal Supremo dictaminó que el artículo 350 de la Constitución Nacional, en el que se contempla la desobediencia civil, no puede emplearse como argumento para desconocer a los órganos del poder público legítimamente establecido.
Esta norma de la Carta Magna, aprobada en 1999, es el clavo ardiendo al que se han agarrado militares disidentes para rebelarse contra el gobierno y algunos sectores de la oposición para invitar a los ciudadanos a no pagar impuestos. Con esta decisión, queda sin sustento el grupo de oficiales de las fuerzas armadas que se refugia en la plaza de Altamira desde el pasado mes de octubre. El fallo, emitido por la Sala Constitucional, se basó en una ponencia del presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, y tuvo respaldo unánime de los otros cuatro magistrados miembros.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.