La Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago presentó ayer 726 querellas de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por las que nunca se había iniciado ninguna acción judicial.

Las querellas se presentan después de que el juez a cargo de coordinar los casos de este tipo detectara que existían muchos casos de víctimas que no habían interpuesto ninguna demanda, por lo que se encomendó a una fiscal –Beatriz Pedrals– que verificara el número de víctimas no representadas y redactara sus querellas.

La medida judicial, adoptada en momentos en que surgen críticas al gobierno de Sebastián Piñera por su accionar en este frente, fue impulsada por el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, en su calidad de ministro coordinador para casos de derechos humanos. Las querellas serán estudiadas por el juez Mario Carroza.

Familiares de las víctimas denunciaron en 2010 que el gobierno retiene 60 querellas contra violadores a los derechos humanos, que por ley deben ser perseguidos por el Ministerio del Interior.

“Es un momento fundamental. El Poder Judicial está dando un ejemplo. Esto se contrapone con las decisiones del gobierno de Piñera, que está desbaratando toda la institucionalidad de derechos humanos en el gobierno”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

Según aseguró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, esta medida “es muy importante y viene a reforzar lo que nosotros hemos exigido, que aquí tiene que haber verdad y justicia para todas las víctimas de violación de los derechos humanos en la dictadura”.