El caso de los niños robados durante los últimos años de la dictadura franquista llegó ayer a la Fiscalía General del Estado español. Una asociación que nuclea a víctimas de las apropiaciones presentó 261 denuncias. En una conferencia de prensa posterior, un grupo de afectados demandó una respuesta de los tribunales y del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Decenas de personas le hicieron frente al frío matinal de Madrid y llegaron ayer a la sede de la fiscalía para presentar las denuncias con las que esperan encontrar algún eco en la Justicia española. A muchos se los veía vistiendo camisetas con el letrero de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Otros portaban carteles que convocaban: “Si dudas de tu identidad, únete a nosotros. Nos podemos ayudar”.

La Asociación Anadir todavía no cumplió un año de vida, contó a Página/12 Antonio Barroso, presidente y fundador de la entidad. Barroso se enteró en 2008, cuando tenía 39 años, que había sido comprado y arrancó su búsqueda para conocer su origen. “Yo soy un bebé robado. Tengo toda la documentación falsificada. En ella consta que soy hijo biológico, pero es mentira. También dice que nací en Zaragoza, pero mi madre adoptiva nunca ha vivido allí”, relató a este diario.

Durante la dictadura franquista se implementó un plan sistemático de robo de niños, como estableció el juez Baltasar Garzón en 2008. En los años que siguieron al fin de la Guerra Civil Española, a las madres republicanas presas les sacaron sus hijos y los entregaron a familias afines al régimen o los enviaron a instituciones comandadas por la Iglesia Católica. El régimen también cruzó las fronteras para “recuperar” a los niños que habían sido enviados al exterior por sus familias para preservarlos de las garras del franquismo. Ese modo de apropiación se prolongó hasta los años ’50 y buscaba terminar con la “plaga roja”. En las décadas que siguieron, el robo de bebés continuó en España y se realizó en hospitales e instituciones religiosas. En este caso, los chicos que, en su mayoría, robaban eran los hijos de madres solteras. “Los médicos y enfermeras vendían por dinero a todos esos niños”, denunció Barroso. Según Anadir, podrían ser más de 300 mil los recién nacidos que se robaron en España desde los años ’50 hasta las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco.

Por eso, esa asociación se presentó ayer ante la Justicia española, que tiene paralizadas estas causas. “Nuestro objetivo es que el fiscal investigue, o bien que derive cada caso a las fiscalías territoriales, pero pedimos que abra una investigación penal que determine si hubo delito”, dijo ayer en la conferencia de prensa Enrique Vila, el abogado de Anadir. Vila explicó que, a su entender, existen indicios más que evidentes de “tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto, secuestro y detención ilegal”. Como remarcó el abogado, todos esos crímenes serían imprescriptibles, por lo que los tribunales españoles estarían obligados a investigar. “Tiene que actuar la fiscalía y también el gobierno”, reclamó Barroso.

Informe: Luciana Bertoia.