El gobierno de Sebastián Piñera volvió a ponerse en la mira de los organismos de derechos humanos. Esta semana, el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior desistió de pedir las detenciones de cuatro represores que participaron en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, según lo aseguran sobrevivientes del Estadio Nacional de Chile, y que ahora lleva el nombre del músico. Hasta el momento, la Justicia sólo tiene procesado a un ex conscripto. El abogado que entendía en la causa y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet denuncian que se trata de un plan de impunidad para los genocidas.

La voz valiente de Víctor Jara lo convirtió en un peligro para el régimen que en septiembre de 1973 arrancó del poder al presidente socialista Salvador Allende. “Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas”, entonaba el músico nacido en 1932. Presagio o certeza, ya estaba escrita su propia suerte. El golpe de Pinochet lo encontró en la Universidad Técnica del Estado. De allí, lo llevaron junto a estudiantes y docentes a uno de los principales campos de concentración que funcionaron en Santiago.

Según relató el abogado Boris Navia, secuestrado en el mismo momento que el cantante, los oficiales reconocieron inmediatamente a Jara y ese reconocimiento se volvió hostigamiento y feroces torturas. “Yo te enseñaré, hijo de puta, a cantar canciones chilenas, no comunistas”, le dio uno de los uniformados la bienvenida al infierno. En los cuatro días que estuvo en esa cancha, Jara pasó por interrogatorios y tormentos, entre ellos, los golpes continuos de culata para fracturar sus manos, el arma más peligrosa con la que contaba el músico para los represores chilenos.

Varios testigos identificaron como el torturador más despiadado al que se enfrentó Jara a un oficial apodado “El Príncipe”, un personaje casi mítico según publicó el sitio CIPER, un equivalente chileno al marino Alfredo Astiz. El 16 de septiembre, el conscripto José Paredes, que entonces tenía 18 años, vio cómo el teniente Néstor Haase jugaba a la ruleta rusa con un revólver apoyado en la sien del autor de “Plegaria de un labrador”. El tiro de Haase fue letal. Tiempo después, la autopsia reveló que el cuerpo de Jara guardaba 44 impactos de bala.

La ferocidad y lo emblemático del crimen de Jara no ha logrado sacar a los tribunales de la inacción. Por el asesinato y el secuestro del autor de “Te recuerdo, Amanda”, el juez Juan Eduardo Fuentes sólo procesó al conscripto Paredes. A fin de 2010, el entonces abogado del Programa de Derechos Humanos Cristian Cruz había pedido que se detuviera a otros cuatro represores: los ex oficiales Hugo Sánchez, Edwin “El Príncipe” Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo.

Cruz y otra abogada que llevaba la causa por delitos de lesa humanidad fueron despedidos a fines de diciembre por la ex fiscal Rossy Lama, actual responsable del Programa de Derechos Humanos y una de las personas a las que los organismos apuntan por sus vínculos con los militares retirados. El lunes pasado, la entidad dependiente del Ministerio del Interior chileno tenía que ratificar el pedido hecho por Cruz pero desistió. Lama y el abogado Francisco Ugas, asesor jurídico del Programa, dijeron que presentarían la solicitud más adelante. Según la ex fiscal, no correspondía pedir que se detuviera a quienes ya habían declarado pero el juez no había decidido procesarlos.

“Es una ignorancia. Eso no es así. Para dictar la detención, se requiere que esté acreditado el delito y que existan fundadas sospechas del sujeto. Claramente, los delitos están acreditados y la participación también, porque fue la misma Corte la que ordenó que declararan en calidad de inculpados”, explicó Cruz a Página/12. Y agregó: “Los medios de prueba son tan contundentes que no sólo sirven para procesar a estos agentes sino que son suficientes, sin lugar a dudas, para condenarlos en su oportunidad. Porque está el reconocimiento de ellos de su participación en ese campo de concentración”.

Cruz también desestimó la posibilidad que bosquejó Lama acerca de pedir la detención más adelante. “Aunque los procesen en algún tiempo más, todo este tiempo que estos individuos no han pagado con cárcel es un tiempo más de impunidad. Aquí coinciden los intereses de los inculpados con los del gobierno: es decir, que no se avance y que la Justicia no pueda conocer este hecho”, disparó el abogado. “A la ya denunciada lentitud y actitud conciliadora para con los violadores de los derechos humanos, se agrega el desestimiento de la apelación para que se detuviera a militares imputados en el brutal homicidio de Víctor Jara”, se sumaron a las acusaciones desde la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y coincidieron con Cruz en que se trata de un “trazado de impunidad”.

Informe: Luciana Bertoia.