Apenas cumplidos cuatro meses de la primera huelga general, el jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó de manera pública el pacto social que selló con los sindicatos y los empresarios. El acuerdo, símbolo del fin de un silencio entre las partes que duró más de dos años, encuentra su eje central en la reforma del sistema de pensión y en el compromiso del gobierno a generar medidas que apunten a disminuir el desempleo. El atraso en la edad jubilatoria es una de las exigencias más urgentes que la Unión Europea (UE) le impuso al país frente a la crisis económica de 2009. “El pacto es un mensaje de confianza a España y la UE”, manifestó el líder socialista en el acto solemne de difusión pública, celebrado en La Moncloa.

“Vamos a demostrar que estamos en ese grupo de grandes naciones que sabe ponerse en pie y volver a caminar después de una seria dificultad.” La oposición no concurrió a la firma simbólica del pacto. El “Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones” es, probablemente, la única medida económica que cuenta con un amplio apoyo entre la serie de reformas emprendidas por Zapatero desde el año pasado para luchar contra la crisis y contra el abultado déficit público español. Tan solo el 29 de septiembre los sindicatos aplicaron una huelga general para repudiar la reforma del mercado económico.

Los líderes de esos mismos sindicatos se pararon ayer al lado del mandatario ibérico para ratificar el acuerdo. “Tenemos fuerza y capacidad suficiente para salir de la crisis y hay que hacerlo por la vía del consenso en vez de por la del enfrentamiento”, opinó el titular del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo. “Este acuerdo es un remedio eficaz contra la crisis y para crear empleo”, manifestó su homólogo en la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.

Las cámaras empresarias también apoyaron el acuerdo. La reforma en el sistema de pensiones les sirve para frenar el creciente gasto de las compañías, además de tranquilizar a los inversores, que en los últimos tiempos fastidiaron al gobierno quitándole confianza. Recién la semana pasada logró el Ejecutivo acordar con los sindicatos la reforma en cuestión, punto principal del pacto, que lleva de 65 a 67 los años que necesita una persona para poder jubilarse y que contempla que quienes tengan cotizados 38,5 años podrán jubilarse a los 65 y cobrar el total de la pensión.

En cuanto a las futuras “Políticas activas de empleo”, el gobierno se comprometió, por un lado, a modificar la Ley de Empleo, tarea que calculó será de “largo plazo”. En lo inmediato, accedió a poner en marcha un plan de choque destinado a ofrecer asistencia inmediata a jóvenes y desempleados estructurales. En España son más de 4,2 millones las personas que no tienen trabajo.

La firma en La Moncloa se vio ensombrecida por la ausencia de los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. La principal fuerza de la oposición se quejó de no haber sido incorporada a las negociaciones y de no haber recibido el texto final. La invitación vía mail al acto de ayer fue la gota que rebasó el vaso. “No es un día para hacerse fotos, es un día para trabajar contra el desempleo”, apuntó el subsecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a la televisión española.

Si bien indicó que al PP lo único que no le gusta de todos los puntos que contempla el pacto es el atraso en la edad jubilatoria, es muy probable que apoye el acuerdo en el debate parlamentario. Zapatero sabe que, en esa instancia, también contará con el apoyo de los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (CiU). La Izquierda Unida, por su parte, aseguró que repudiará el pacto, incluso, en el Parlamento. “Consideramos que con más de 4 millones de desempleados no puede haber paz social en España”, exclamó el martes el coordinador de ese espacio, Cayo Lara, a la prensa local.