En México la palabra levantón tiene una connotación semejante a lo que en Argentina se conoce como desaparición forzada. Al levantón suele seguirlo una muerte. Es un secuestro por el que no necesariamente se pide rescate: inmigrantes, turistas, empresarios, campesinos y narcos o policías asesinados en ajustes de cuentas engrosan las estadísticas de este delito en un país militarizado. 18.491 casos se han registrado en cuatro años, entre diciembre de 2006 y 2010. La cifra debe enmarcarse en los 34.612 crímenes cometidos durante el mismo período, según lo señalado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a mediados de enero pasado. De esta cantidad, 30.913 corresponden a “ejecuciones”, la mayoría producidas en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Durango. Sólo el año pasado hubo 15.273 víctimas, un 58 por ciento más que en el 2009 (9614). Los levantones se multiplicaron en México desde que el 11 de diciembre de 2006 se inició el llamado Operativo Conjunto Michoacán con 7000 militares lanzados a combatir el narcotráfico. El subcomandante Marcos (ver recuadro) acaba de romper el silencio que se impuso por dos años y salió a cuestionar la guerra librada por el gobierno de Felipe Calderón. Para el líder zapatista “no tiene final y también está perdida” y “es un negocio redondo para la industria militar norteamericana”.

El levantón es un delito que por lo general termina de manera cruenta. Las víctimas son secuestradas en cualquier parte, en ocasiones torturadas y muchas veces asesinadas. Sus rastros se pierden en fosas comunes o en ácido. Santiago Meza López, alias El Pozolero, confesó en 2008 haber diluido a 300 narcos rivales en soda cáustica. Las estadísticas oficiales de esta modalidad que el narcotráfico extendió por territorio mexicano abruman, sobre todo en los estados del norte o del Pacífico. El caso más famoso es el de un amigo del presidente de la Nación que continúa desaparecido desde el 1º de junio de 2009. Se trata de Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima de Veracruz, a quien Calderón dio oficialmente por muerto en abril de 2010, aunque luego su propio gobierno lo desmintió. El funcionario fue abordado en un operativo que se atribuye a Los Zetas, poderoso cartel a cuyo frente está un ex militar, Heriberto Lazcano, alias el Lazca.

Desde el primer secuestro seguido de muerte que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), ocurrido en 1971, este tipo de delito se volvió incontrolable en los años más recientes. A Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, sus habitantes la llaman “la capital del secuestro y el levantón”. En 2001 se constituyó ahí la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad. Las imágenes de sus movilizaciones con las fotografías de los familiares secuestrados remiten a las luchas de organismos de derechos humanos contra las dictaduras latinoamericanas. La diferencia es que en México rigen formalmente instituciones democráticas. El Movimiento local HIJOS, a través de una de sus integrantes, Edith Juárez, señalaba en octubre último que “hoy somos famosos a nivel internacional por los llamados levantones, producto de la guerra contra el narcotráfico y de los cuales el estado es enteramente responsable”.

Hasta mediados de 2008, y desde que Calderón llevaba en el poder dieciocho meses, se habían denunciado y documentado 23 casos de militantes políticos y sociales desaparecidos durante su gobierno. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) sostiene que “están ocurriendo muchos casos de desaparición que se hacen pasar por levantones del narcotráfico. Por ello debemos ser cuidadosos”. Las denuncias de estos secuestros se hacen en los cuarteles, algo que hubiera resultado inconcebible en cualquier dictadura sudamericana. Los 18.491 casos de levantones que se reportaron a las fuerzas militares son información que no poseen las autoridades civiles, salvo en estados como México, Coahuila y Morelos. De lo que no se tiene constancia es del posterior seguimiento a ese tipo de delitos, ya que las fuerzas armadas no llevan estadísticas de cuáles terminaron con la liberación o la muerte de los secuestrados.

Migrantes levantados por centenares y de los que nunca más se supo nada, niños que deambulan por las calles de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, porque se desconoce el paradero de sus padres secuestrados; veinte turistas provenientes de Michoacán que desaparecieron apenas llegados a Acapulco en octubre del año pasado; penas de prisión elevadas a 70 años para todo secuestro seguido de muerte (o plagio, como también se lo llama en México) y 3010 crímenes cometidos sólo en Ciudad Juárez –la más violenta de todas– durante 2010, según datos de la procuraduría del estado de Chihuahua, son apenas algunas imágenes de la violencia que asedia al país.

Cuando el 11 de diciembre de 2006, apenas llegado a la residencia presidencial de Los Pinos, Calderón les declaró su guerra ilimitada a los narcos, con efectivos del ejército, la marina y la policía federal, el coordinador del Operativo Conjunto Michoacán era Víctor Gerardo Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP). Hoy está detenido porque se le imputan los delitos de narcotráfico, robo y abuso de autoridad en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde goza de un libre régimen de visitas. Trabajaba para el cartel de Sinaloa del que recibía información privilegiada para combatir a narcos que se les oponían.

El 16 de octubre de 2008, en una residencia del Desierto de Los Leones, en la capital mexicana, detuvo a narcotraficantes colombianos aliados al clan de los hermanos Beltrán Leyva, enemigos por entonces de sus mandantes. Garay Cadena protagonizó uno de los escándalos más grandes de la historia policial mexicana. Ese operativo en la mansión finalizó en una orgía de delitos contra los presuntos delincuentes capturados, que incluyeron la violación de las mujeres que se encontraban en la fiesta. La acusación de un subalterno que luego terminó asesinado, lo depositó en prisión. El funcionario había renunciado antes con un descargo digno de Gregor Samsa, el personaje de Kafka: “Durante más de 15 años me he dedicado con profunda convicción al servicio de la seguridad del país y con esa convicción me separo hoy del cargo, porque en la cruenta lucha que enfrentamos contra el crimen organizado nuestro deber es fortalecer a las instituciones”.