Los ataques contra la población civil en Libia podrían constituir crímenes contra la humanidad, advirtió ayer la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay. Un funcionario de esa cartera también denunció que hay periodistas y activistas desaparecidos, aunque no precisó el número. Desde Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) exigieron que tomen cartas en el asunto el Consejo de Derechos Humanos y el de Seguridad de la ONU.

Pillay pidió que una comisión internacional independiente investigara si el presidente Khadafi incurrió en delitos de lesa humanidad al ordenar la represión que en los últimos días se descargó contra quienes se movilizan en contra de su régimen. En un comunicado, Pillay también reclamó a las fuerzas de seguridad libias que dejaran de emplear ametralladoras, tiradores de elite y aviones de combate contra los manifestantes. “La crueldad con la que las autoridades libias y sus sicarios están al parecer disparando con munición real contra manifestantes pacíficos es inadmisible”, denunció. “Estoy extremadamente angustiada por el hecho de que se están perdiendo vidas incluso mientras hablo”, añadió la funcionaria.

La jurista sudafricana y ex magistrada del Tribunal Penal Internacional de La Haya manifestó: “El pueblo libio está harto de la corrupción, de que las riquezas naturales sólo beneficien a algunos, de que estén desempleados y de que sus derechos estén siendo ignorados”. Y convocó: “La comunidad internacional debe unirse en la condena de tales actos y asumir compromisos inequívocos que garanticen que se haga justicia con las miles de víctimas de esta represión”.

Desde la oficina que dirige Pillay también denunciaron que se desconoce el paradero de periodistas y activistas detenidos durante las protestas. “No sabemos si están vivos o no”, reconoció ayer el director de la División de Oriente Medio y el Magreb del Alto Comisionado, Frej Fenniche. El funcionario dejó en claro que su organismo, como otras agencias de la ONU, no están presentes en Trípoli, por lo que los datos que manejan son los que les aportan militantes locales.

Cuando se lo consultó acerca de la presencia de mercenarios extranjeros para reprimir las manifestaciones, Fenniche afirmó: “Es posible que se utilice a extranjeros, quizá por la fuerza, para reforzar la represión. Pero eso no significa que podamos hablar automáticamente de mercenarios”.

Además, el jurista tunecino reclamó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU que interviniera.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Liga Arabe que enviara una misión a Trípoli y también le demandó al Consejo de Seguridad de la ONU que le impusiera un embargo total de armas. “El coronel Khadafi y su gobierno parecen estar dispuestos a matar a la gente que haga falta para seguir en el poder. La comunidad internacional tiene que actuar ya para acabar con esta situación”, remarcó Salil Shetty, secretario general de AI. “Otros Estados deben dejar de ser cómplices en nuevas matanzas. Debe cesar ya todo suministro y cooperación militar y policial con Libia hasta que acabe el riesgo de que sigan produciéndose estas gravísimas violaciones a los derechos humanos”, completó. También la organización con base en Londres dijo que las informaciones que las delegaciones recojan deberían servir para enviarlas a la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde Human Rights Watch (HRW) hubo también exigencias similares. “Cualquiera, incluido Muammar Khadafi, que ordene o cometa atrocidades debe saber que se le pedirán explicaciones por sus actos, incluidos los asesinatos ilegales de manifestantes”, subrayó Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Medio Oriente y el Norte de Africa. “Tememos que la cifra de muertes siga subiendo, a menos que Khadafi termine con sus intentos sangrientos de suprimir el disenso. Debe cancelar la intervención de sus fuerzas y también las de los mercenarios”, concluyó.