Desde Ankara

Mientras se sucedían las olas de protestas que sacuden y siguen sacudiendo el contexto político de Medio Oriente, el premier turco Recep Tayip Erdogan habló de la “fortaleza de los valores democráticos de la nueva Turquía” haciendo referencia a la “libertad de pensamiento de la que gozan los turcos hoy en día”. Sin embargo, el Juzgado de Besiktas en Estambul ordenó por estos días la detención de Soner Yalçin, dueño del conocido portal de noticias Oda TV (altamente crítico del Ejecutivo), así como dos de sus editores, Baris Pelhivan y Baris Terkoglu. El episodio ocurre en el contexto de la investigación de la trama Ergenekon, de la que se acusa a los periodistas de formar parte activa.

Ergenekon se configura como un complot antigubernamental cuyo principal objeto gravita en provocar el colapso del partido en el poder (Partido para la Justicia y el Desarrollo, AKP por sus siglas en turco, de corte islamista moderado). La banda está constituida tanto por miembros de las fuerzas armadas (históricamente ligadas a la custodia de los valores laicos del país), así como otros agentes de la vida intelectual y política del país. Pero son muchas las voces críticas que sostienen que los islamistas “estarían aprovechando la resonancia del caso para hacer purga de enemigos políticos, incluyendo a los miembros de varios medios de comunicación que se oponen abiertamente a la gestión del gobierno”.

Según informó el diario oficialista Zaman, los documentos decomisados a los periodistas detenidos “hacen referencia a un plan secreto para desacreditar las investigaciones en curso sobre la trama Ergenekon”, aunque el fiscal sostiene que los periodistas “podrían también formar parte del complot”. Por su parte, según declararon a los medios turcos los abogados defensores, durante los interrogatorios, las pesquisas se han centrado en definir las relaciones entre los periodistas arrestados y los principales líderes opositores.

Estas detenciones no han pasado desapercibidas para Thomas Hammarberg, del Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos, quien se declaró “preocupado porque se detenga a gente por lo que ha escrito”. El diplomático aprovechó para exigir al gobierno turco “que garantice las libertades esenciales de prensa”.

Según señalan fuentes de la Plataforma Turca por la Libertad de Prensa citadas por la CNN “existen en Turquía unos 50 periodistas encarcelados y otros 100 aguardando acciones legales en su contra, y 2000 casos en los que están directa e indirectamente involucrados periodistas y medios de comunicación”. La organización no gubernamental Freedom House calificaba a Turquía “inicuamente libre” en materia de libertad de prensa, de acuerdo con su Indice Anual de Análisis sobre Medios de Comunicación Internacionales. Karin Deutch Karlekar, activista de Free-dom House, advirtió a Página/12 que “el encarcelamiento y persecución de periodistas, la actitud hostil del gobierno hacia aquellas plataformas críticas y leyes excesivamente taxativas hacen que las capacidades para dotar de información confiable y fidedigna por parte de los medios turcos se vean seriamente mermadas”.

“El porcentaje de periodistas encarcelados por año es simplemente alarmante” concluyó la activista.