Bolivia vivió otro día de hervor social. A diferencia de anteayer, la violencia no fue exclusiva de la capital La Paz y tomó un cariz propio en la vecina ciudad El Alto, así como en Santa Cruz y Cochabamba, con saqueos y choques con el ejército. En esos escenarios se registraron 11 muertos víctimas y decenas de heridos, que se suman a las 16 muertes y más de 70 heridos del día anterior. La policía amotinada en La Paz firmó un acuerdo con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y comenzó a regularizarse en sus funciones, no así en Santa Cruz y Cochabamba. En el contexto de un paro nacional de 24 horas, la Central Obrera Boliviana (COB) organizó una gran marcha que clamó por la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. El líder cocalero, principal figura de la oposición en el Congreso, se unió al pedido de dimisión con cortes de rutas. “El jefe de Estado pretende dar un autogolpe por vía de la clausura del Parlamento”, afirmó Morales, basado en presuntos informes de “oficiales patriotas” del ejército. Estados Unidos salió a apoyar al gobierno boliviano. Con la vuelta a la calma, Sánchez de Lozada apareció en TV nacional y dijo que escuchará “con humildad” a la oposición, pero acusó a los manifestantes de desestabilizar la democracia y dañar la economía nacional. Y su gobierno descartó que renunciara.
La COB, que reúne a todos los trabajadores del país, había ordenado un paro movilizado de 24 horas para protestar por la medida económica que fuera el chispazo de la explosión: el gravamen de 12,5 por ciento a los salarios de 750.000 trabajadores, luego anulado por el presidente a raíz de la violencia de anteayer. Los empleados y obreros de distintos sectores que acusaron al mandatario de haber propiciado la muerte de “muchos hermanos bolivianos” intentaron llegar ayer hasta la Casa de Gobierno, pero ocho tanques de guerra y efectivos del ejército cerraron los ingresos a la plaza Murillo, donde se encuentran la sede del Ejecutivo y el Congreso. La movilización posteriormente cambió de rumbo y se dividió en varios grupos para luego reunirse en la avenida principal de La Paz. En paralelo, otros trabajadores que trataban de concentrarse en inmediaciones de la céntrica plaza San Francisco fueron dispersados por disparos del ejército. En El Alto, una de las ciudades más pobres del país, hubo saqueos en dependencias, así como varias empresas, entre ellas la embotelladora local de Coca Cola, de capitales chilenos. En la ciudad de Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, los policías permanecían replegados en una cárcel local, mientras una multitudinaria marcha de trabajadores y estudiantes universitarios demandaba la renuncia del presidente.
Los disturbios registrados ayer cobraron la vida de 11 personas, lo que sumado a dos que murieron en la madrugada llevó a a 27 la cifra de víctimas fatales en dos días de conflicto. Entre las víctimas hubo un cocalero que murió en Cochabamba mientras participaba en un corte de ruta; en El Alto se registraron dos víctimas –en confusos episodios protagonizados entre manifestantes y uniformados durante saqueos a comercios e industrias– y hubo cuatro víctimas de francotiradores en La Paz, que el vicepresidente Carlos Mesa se comprometió a investigar: una enfermera, que murió de un disparo mientras auxiliaba a los heridos; dos policías y un trabajador en protesta. De acuerdo a las informaciones suministradas por fuentes hospitalarias, fueron decenas las personas que resultaron heridas de bala y se encontraban internadas con diversos pronósticos.
Al cabo de la tarde, la policía había recuperado el control en todas las ciudades del país y, según un informe de sus autoridades, más de 100 jóvenes fueron detenidos, sorprendidos durante los saqueos. Entretanto, el denominado Estado Mayor del Pueblo (EMP) de Bolivia, que reúne a varios sindicatos y a partidos políticos socialistas, pidió nuevamente la dimisión del presidente y la formación de un gobierno de transición. El Estado Mayor del Pueblo hizo un llamado a las organizaciones populares a “que mantengan y profundicen la movilización”.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, condenó la violencia en Bolivia y manifestó su respaldo al presidenteSánchez de Lozada. También prometió que Estados Unidos suministrará asistencia económica y financiera a Bolivia, así como apoyo al gobierno de La Paz para superar la situación en que se encuentra. El FMI, motivo visible de los malestares del país, dado que el gobierno arregló las controvertidas políticas económicas a su requerimiento de bajar el déficit fiscal (de 8,5 a 5 % del PBI), dijo que desea seguir negociando un programa con Bolivia y lamentó “la pérdida de vidas humanas y la violencia”. Los 19 países de América Latina y el Caribe y el Mercosur reiteraron su compromiso por el respeto a la democracia. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá hoy en sesión extraordinaria en Washington para analizar la crisis boliviana a solicitud de la representación de ese país en el organismo regional.