La Madre dice “nos llevamos bien” y el Nobel sonríe. Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Adolfo Pérez Esquivel están juntos en la lucha par la verdad y la justicia también en Honduras. Ambos trabajan en la Comisión de Verdad que se instaló en ese país un año después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009. Afirman a Página/12 que los integrantes de la comisión están siendo amenazados, perseguidos e incluso atacados. Ello pone en riesgo la elaboración de un informe que debería estar terminado en octubre de este año.

El actual gobierno de Porfirio Lobo no reconoce el trabajo que están llevando a cabo Cortiñas, Pérez Esquivel, el jurista canadiense Craig Scott y la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Ecuador Elsie Monge, entre otros, porque su gobierno instaló su propia Comisión de la Verdad. Pero sobre todo porque el informe investiga los casos de violaciones a los derechos humanos durante y después del golpe. “Si se confirman los crímenes vamos a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional”, afirma el Nobel de la Paz argentino.

–¿Por qué deciden formar parte de la Comisión de Verdad?

Nora Cortiñas: –La represión al pueblo hondureño sigue porque el gobierno de Lobo, un gobierno constitucional entre comillas, está reprimiendo a los maestros, a los sindicatos fuertes y a los periodistas. Tiene un blanco claro: cuanto más combativo es un grupo, más lo reprime.

Adolfo Pérez Esquivel: –Los golpes de Estado en América latina no se pueden hacer sin el consentimiento de la embajada norteamericana. En Estados Unidos no tienen golpes de estado porque no hay una embajada de Estados Unidos (risas). El derrocamiento de Mel Zelaya en Honduras es un test para toda la región. Se instalan gobiernos con cierto tinte constitucional, que son apoyados por sectores civiles y la Corte Suprema en un marco de pseudo legalidad. Pero es un golpe de estado.

N. C.: –La comisión investiga y denuncia las violaciones de los derechos humanos durante el golpe y como consecuencia del golpe. Venimos de visitar las comunidades de Zacate Grande y la Flor, en el Departamento de Choluteca. Los que trabajan en la comisión reciben amenazas, persecuciones, llamados intimidatorios. Pedimos apoyo para que la comisión siga trabajando. Queremos que se los proteja.

A. P. E.: –Tuvimos dos reuniones importantes. Una fue con el espacio G16 que está representado por diversas embajadas, la Unión Europea, había representantes del PNUD (Naciones Unidas) y del FMI, donde les expusimos la situación para que estén al tanto y para que apoyen la Comisión de Verdad. La reunión con la Corte Suprema de Justicia nos dejó la sensación de que se va a desentender del tema. Recibe la información pero no quiere intervenir.

N. C.: –La Corte Suprema es la misma que estaba cuando se dio el golpe. Acá están todas las amenazas físicas (muestra varios papeles) de cada mes, una de las personas de seguridad nuestra fue golpeada brutalmente.

(El texto acerca de la golpiza dice: “Marzo de 2010: Se intentó secuestrar a un miembro del equipo de seguridad. Viajaba en un taxi en Tegucigalpa, a eso de las 9 de la mañana, cuando cuatro hombres armados y sin identificación lo abordaron. Los sujetos lo atacaron, le causaron graves heridas en la cabeza; eso causó que perdiera la audición en forma permanente en el oído derecho”¨)

–¿Hay denuncias de desaparecidos?

A. P. E.: –Desaparecidos, asesinados, torturados en cárceles. Hay periodistas golpeados, perseguidos, intimidados.

N. C.: –Es una intimidación para que no haya más manifestaciones.

A. P. E.: –Es una avanzada sobre la democracia en América latina para imponer las democracias entre comillas, restringidas y proclives a los centros de poder. Estados Unidos instala más bases militares o las amplía. Va a ampliar la base de Palmarola, en Honduras, con más efectivos.

–¿Están en contacto con el Frente Nacional de la Resistencia?

N. C.: –Esta comisión es autónoma y tratamos de no tener ninguna relación para que siga siendo independiente. Para que no haya sospechas de que tenemos un partidismo político.

–Una vez hecho el informe, ¿lo van a presentar ante alguna instancia judicial internacional?

A. P. E.: –Ante Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y lógicamente a todos los organismos internacionales y hondureños. En la situación actual se trata de crímenes de lesa humanidad. El caso de Honduras encaja en la competencia de la Corte Penal Internacional. Si se constatan los crímenes de lesa humanidad, habría competencia de la CPI.

N. C.: –No le podemos entregar un documento a un gobierno que está formado por gente que dio el golpe...

A. P. E.: –La gran preocupación del gobierno es que no se lo reconozca internacionalmente. Lobo quiere la reincorporación de Honduras a la OEA y el reconocimiento de las embajadas. Sabemos que el presidente colombiano Santos invitó a Chávez y a Lobo a Bogotá. ¿Qué pasó con esa reunión? Lo ignoramos. Me parece muy bien la posición del gobierno argentino. Si la OEA acepta a Honduras, es una amenaza para todo el continente. En esto la Unasur juega un papel fundamental a favor del estado de derecho.

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