Los militares brasileños que rechazan la creación de una Comisión de la Verdad presionaron al gobierno para que no se dé publicidad a las declaraciones de los represores, publicó la revista Carta Capital. La propuesta de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura brasileña (1964-1985) fue formulada durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva pero tomó más fuerza desde la asunción de Dilma Rousseff. El tema tiene alterados a los uniformados que, según difundió la publicación, exigieron al gobierno que no aborde los casos de militares que desertaron y pasaron a las filas de la guerrilla y que sean secretos los interrogatorios a los acusados por asesinatos y desapariciones. También reclamaron que el futuro organismo investigue los delitos de las fuerzas estatales así como los supuestos delitos de las organizaciones guerrilleras. Según Carta Capital, Rousseff conversó acerca de las demandas con Nelson Jobim, ministro de Defensa. La secretaria de Derechos Humanos, María del Rosario, remarcó que la Comisión no llevará a nadie ante los tribunales pero que sí hará pública la información que recoja para contribuir al “derecho a la memoria”. En Brasil, los represores están exentos de dar explicaciones ante la Justicia porque rige una ley de amnistía.