Brasil está debatiendo la creación de una Comisión de la Verdad, una propuesta que existía desde la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, pero que fue retomada con mayor fuerza por Dilma Rousseff. Jair Krischke es consejero fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos y días atrás visitó Buenos Aires, desde donde hizo con Página/12 un repaso crítico de la administración de Lula y compartió sus esperanzas de que el mandato de Rousseff traiga aliento a los que luchan por el castigo de los represores de la dictadura brasileña (1964-1985).

–¿Qué opinión tiene de la Comisión de la Verdad que impulsa el gobierno?

–Es un problema. Costó mucho trabajo y mucho esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares para llegar hasta este momento. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, quiere unir verdad con reconciliación. Eso es absolutamente imposible. La reconciliación es una palabra muy hermosa pero trae exigencias: quien ofendió tiene que reconocer lo que hizo, que cometió un crimen; luego tiene que pedirles perdón a los familiares de las víctimas, que lo perdonarán o no. Pero los militares brasileños no reconocen lo que hicieron y jamás pedirán perdón.

–¿Tiene esperanzas de que se concrete la comisión?

–Yo confío en Dilma. Ella no es Lula, que con el tema no quería saber nada. Durante los ocho años que estuvo en el gobierno, no recibió nunca a los familiares. Dilma es distinta. Es una mujer ubicada en el tema, sabe de qué se trata y quiere que se cree la Comisión de la Verdad. Tenemos grandes expectativas pero sabemos que no va a ser fácil.

–¿Cómo evalúa el trabajo de la actual Secretaría de Derechos Humanos?

–La ministra María del Rosario ya declaró públicamente que comparte la postura con el ministro Jobim. Eso nos preocupa pero la sociedad civil brasileña va a trabajar en el tema para ver si logramos un avance. María del Rosario declaró a la prensa que la Comisión de la Verdad no va a punir a nadie. Claro que ninguna Comisión de a Verdad no va a castigar a nadie. Lo que debe hacer es entregarle la información a la Justicia.

–¿Qué piensa de que el Tribunal Supremo haya ratificado el año pasado la Ley de Amnistía de 1979?

–Antes de hacer la presentación ante la Justicia, yo le dije al presidente del Colegio de Abogados que no deberíamos hacerlo. Porque conociendo cómo se posiciona siempre nuestra Corte Suprema, ingresar esta causa y salir perdiendo iba a implicar cerrar el tema. Y este tema no es para nada jurídico: es político y se tiene que discutir a nivel político.

–¿Puede servir para eso la sanción del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vigencia de esa norma?

–Eso fue muy importante para nosotros. Las organizaciones de derechos humanos le mandamos una carta a la presidenta para pedirle que se cumpla con la decisión de la Corte-IDH.

–La sanción de la Corte IDH se refiere a la represión contra la guerrilla de Araguaia. ¿Qué pasó con los archivos secretos que se refieren al accionar de los militares en ese caso?

–Cuando Lula asumió, la Justicia mandó a abrir los archivos sobre el tema Araguaia. La orden decía que si no lo hacía en quince días, pesaría una multa diaria. El gobierno fue hasta la Suprema Corte para apelar esa resolución y perdió. La notificación final que exigía la apertura llegó en octubre de 2007 al Palacio del Planalto. Inmediatamente, Jobim designó un equipo para ir a Araguaia a buscar los cuerpos, pero sin los familiares. El equipo no encontró nada. Una semana o diez días después, una hermana de uno de los desaparecidos fue e hizo unas excavaciones a 30 metros y encontró huesos. Parece una broma, pero esa era la posición de Lula: no hacer nada.

Entrevista: Luciana Bertoia.