Los médicos del gobierno de Estados Unidos que asistían a los prisioneros en la prisión de máxima seguridad que ese país posee en Guantánamo, Cuba, ocultaron o ignoraron deliberadamente evidencia que demostraba que sus pacientes estaban siendo torturados. La información, conocida por primera vez desde la apertura de la cárcel, surge de una investigación realizada sobre datos clasificados de esa institución.

Un detallado repaso de registros médicos y expedientes de nueve internos de Guantánamo concluyó que el personal médico de ese centro de detención estadounidense fue cómplice en la supresión de evidencia que habría demostrado actos sistemáticos de tortura contra los presos.

La investigación fue publicada en el sitio de Internet de divulgación científica PLoS Medicine, que es el primero que se dedica a analizar el comportamiento de los profesionales de la salud a cargo de las personas detenidas en Guantánamo que fueron sometidas a técnicas de “interrogación elevada”. Los mismos métodos que hasta hace una década el propio gobierno de Estados Unidos calificó como torturas.

El doctor y asesor de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights, en inglés) Vincent Iacopino y Stephen Xenakis, un oficial médico retirado, tuvieron acceso a los registros médicos y expedientes cuando actuaron como abogados defensores de algunas personas encerradas en Guantánamo. Iacopino y Xenakis concluyeron que ningún médico pudo haber cometido el error de no notar los signos y síntomas que las extremas técnicas de interrogación y las agresiones no autorizadas dejaron en los cuerpos de los presos. El informe habla de ataques tales como severas golpizas que acabaron en huesos fracturados, agresiones sexuales o simulacros de fusilamiento o de muerte por ahogo, todos métodos que cualquier doctor hubiera catalogado como tortura.

“Los hallazgos en estos nueve casos indican que los profesionales clínicos y el personal de salud mental asignados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos han hecho caso omiso u ocultado evidencia de daño intencionado provocado sobre los detenidos”, concluyeron los autores de la investigación. “La total extensión de la complicidad médica en las prácticas de tortura del país norteamericano no se conocerá hasta que haya una cuidadosa e imparcial investigación que incluya información relevante y clasificada. Creemos que, hasta que no se tome el tiempo necesario para realizar tal trabajo y los responsables permanezcan sin ser identificados, la integridad ética del personal médico permanece comprometida”, aseguraron. Muchos de los prisioneros declararon que también fueron sometidos a abusos no autorizados que les provocaron severo y prolongado dolor físico y mental, que no podrían haberse llevado a cabo durante un tiempo prolongado de no haber existido connivencia médica.

“Aun en ausencia de los procedimientos estándares de acción profesional, los médicos involucrados tuvieron la obligación ética de no infligir dolor, pero está claro que esa meta fue gravemente incumplida. Ellos pudieron, y debieron, haber tenido el coraje de documentar los abusos. Desafortunadamente, no lo tuvieron”, sentenció Iacopino.

En 2002, el gobierno de Estados Unidos redefinió actos tales como simulacro de ahogo, privación de sueño, exposición a temperaturas extremas, el uso de posiciones estresantes y aislamiento prolongado como “técnicas seguras, legales y efectivas” a la hora de utilizarlas en el interrogatorio de sospechosos de haber cometido actos terroristas.

Los nueve detenidos cuyos casos fueron objeto de la investigación reclamaron ante sus equipos de defensa legal que fueron también sometidos, durante meses y hasta años a golpizas, amenazas de violaciones y desnudez forzosa.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.