Una Corte de Apelaciones de Honduras anuló ayer los dos únicos juicios que se mantenían abiertos contra el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en 2009, lo que permitiría su regreso seguro al país. No obstante, la Fiscalía tiene 60 días para apelar, según informó su abogado defensor. De confirmarse la anulación de los juicios contra Zelaya, desaparecería la principal causa para impedir su regreso a Honduras.

El ex mandatario, exiliado en República Dominicana desde enero de 2010, ya había recibido el año pasado una amnistía por los supuestos delitos políticos que le achacaban los golpistas. Los jueces acordaron declarar “oficios de nulidad de los requerimientos fiscales iniciados contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales”, depuesto el 28 de junio de 2009, lo que provocó la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de julio de ese año. La notificación le llegó al abogado Anaím Arellana, designado de oficio como defensor del ex mandatario.

Zelaya, cuyo mandato constitucional culminó el 27 de enero de 2010, fue acusado de delitos de corrupción y políticos, por sus pretensiones de convocar a una Asamblea Constituyente. Los delitos políticos fueron sobreseídos por un decreto de amnistía del presidente Porfirio Lobo, pero estaban pendientes las acusaciones por delitos comunes: fraude, violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad por el gasto de tres millones de dólares en publicidad.

Lobo busca el regreso de Zelaya al país con el fin de facilitar la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendida tras el golpe en 2009. El presidente hondureño se reunió el 13 de abril en Cartagena, Colombia, con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y el anfitrión Juan Manuel Santos, con quienes habló sobre la posible vuelta de Zelaya.

Chávez se ha negado a reconocer a Lobo como presidente de Honduras, luego de que éste asumiera el poder el 27 de enero de 2010, día en que culminó el mandato de Zelaya. El 18 de febrero el Congreso ratificó por amplia mayoría una reforma a la Constitución que incorpora mecanismos de consulta popular, el mismo cambio que impulsaba Zelaya y que condujo a su derrocamiento.

Según los líderes del Congreso, la Corte Suprema y del Ejército que derrocaron a Zelaya, éste pretendía modificar la Constitución para buscar la reelección e implantar un modelo afín al “socialismo del siglo XXI” de Chávez.

El pasado 25 de marzo un juez rechazó anular los juicios contra Zelaya, aunque suspendió las órdenes de captura en su contra, lo que creó expectativas de que el ex mandatario pudiera poner término a su exilio.

Ante el rechazo del juez, la defensa de Zelaya presentó una apelación, que fue declarada “con lugar” por la Corte ayer.

El abogado Arellana explicó que “la resolución fue por mayoría porque hubo un voto disidente” entre los tres magistrados del tribunal. La representante de la Fiscalía, Albina Zepeda, afirmó que tienen la posibilidad de presentar “un recurso de reposición” dentro de 60 días. Por su parte, el fiscal de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo que la posición de la fiscalía siempre fue “clara y contundente” en el sentido de que Zelaya tiene que ser enjuiciado y que lo que se ha anulado ayer “es una cuestión de forma, no de fondo”. Salgado subrayó que aunque no ha visto el fallo en su contexto, todavía “no hay un sobreseimiento definitivo” y que lo que se ha anulado “son los actos procesales, no los hechos”.

Zelaya, quien argumenta que los golpistas siguen al frente del Poder Judicial, ha rehusado defenderse en los tribunales, ante lo cual la Procuraduría le designó defensores públicos, entre ellos Anaím Arellana.