El gobierno de Hugo Chávez comenzó por las cabezas responsables de la huelga general de 63 días (iniciada el 2 de diciembre y terminada el 3 de febrero) que no logró la salida del presidente. El líder empresarial venezolano Carlos Fernández fue detenido anteayer y el jefe sindical Carlos Ortega pasó a la clandestinidad luego que la Justicia ordenara ambos arrestos en una riesgosa ofensiva del oficialismo. Por su parte, la oposición protestó con un paro de 15 minutos, llamó a un cacerolazo y anticipó que convocará a marchas en Caracas. La máxima central obrera de Venezuela, CTV, anunció que acudirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la “persecución política” contra su líder.
El juez Maikel José Moreno dijo que a pedido de la Fiscalía, el Tribunal de Control decidió dictar medidas privativas de libertad contra Fernández y Ortega por los delitos de “rebelión, traición a la patria, instigación a delinquir y devastación”. El secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, confirmó ayer que el líder de la organización estaba prófugo. Cova anunció que la central obrera se declara en “alerta general” con movilizaciones y marchas de trabajadores en rechazo a la medida judicial. Además sostuvo que con la acción judicial, el gobierno “pretende liquidar” la mesa de Negociación y Acuerdos que mantiene desde hace tres meses con la oposición a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA). El mismo Ortega dijo a los canales de televisión que no se entregará a las autoridades, pues “aquí no hay garantía para nada. No hay estado de derecho. Aquí el derecho lo ejerce el amo, el dueño del país, todopoderoso”.
El presidente Chávez exclamó: “Ya era hora”, ante la decisión judicial, siendo que considera a Fernández y Ortega unos “golpistas”. El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, instó a la oposición a “respetar” las actuaciones del Poder Judicial. En tanto el secretario general de la OEA, César Gaviria, mediador entre el gobierno y la oposición, pidió que se respeten los derechos del detenido Fernández. Por su parte, Estados Unidos manifestó preocupación por la detención del líder de FedeCámaras, advirtiendo que provocaría dificultades políticas. La actual presidenta de esa gremial empresarial, Alvis Muñoz, calificó el arresto de “secuestro”.
Entretanto, cientos de opositores se concentraban cerca de una de las sedes de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) del este de Caracas para protestar. Sus líderes llamaron a una paralización de 15 minutos al mediodía, otra concentración al atardecer en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, este de Caracas, y a un cacerolazo en la noche con llamado a las calles.