Después de una semana intensa, las protestas por el plan de recortes implementado por el gobierno de Giorgos Papandreu regresaron a Atenas. Tras los choques del miércoles donde indignados y policías se enfrentaron en una batalla campal frente al Parlamento griego, cerca de 5 mil manifestantes se reunieron ayer en la plaza Syntagma para renovar el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI. Los manifestantes expresaron su bronca en forma pacífica, lejos de la violencia que se vivió días atrás, cuando el accionar de la policía antidisturbios causó centenares de heridos cerca del Parlamento, extendiendo su persecución en una verdadera cacería humana por diferentes puntos de la ciudad.

“Esto es un llamado de atención a los políticos de Europa, que no pueden obviar a un movimiento que está cada vez más presente y en crecimiento.” La afirmación no surge de uno de los tantos griegos que se reunieron ayer para demostrar su hastío con la clase política helena. Para acercarse al corazón de otras manifestaciones europeas, Sonia Ruiz, una española de 28 años que vacaciona en Grecia desde hace tres días, pasó por la plaza Syntagma y participó de las ya clásicas movilizaciones de los domingos.

Como integrante del movimiento de indignados que se agrupa en la Asamblea de Carabanchel –una zona “muy activa” de Madrid que se sumó a los encuentros en la Puerta del Sol hace algún tiempo–, Ruiz aporta datos sobre las “redadas racistas” que se producen en su barrio. La policía acude a las bocas del Metro para requisar inmigrantes, tras la búsqueda de subsaharianos, paquistaníes y latinoamericanos que violen la Ley de Extranjería española. “Cuando detectamos que la policía llega al Metro, nos movilizamos para impedir las detenciones”, comenta la mujer en diálogo con Página/12. Orgullosa, asume que desactivaron tres intentos de detención.

Ruiz había contratado un paquete turístico hace meses. Llegó a Atenas el jueves. En varios puntos de la ciudad encontró carteles y pancartas que anunciaban la huelga de 48 horas convocada por los sindicatos helenos. Tres días le bastaron para llevarse una impresión del movimiento en Syntagma. “Te despierta curiosidad ver cómo lo están haciendo en otro lugar, porque en Madrid estamos en la misma situación”, afirma, y reconoce que la afluencia de gente es menor por la mañana, pero por la tarde aumenta con el comienzo de las asambleas. Según sus estimaciones, la convocatoria de anoche fue creciendo a partir de las 20 con dos grupos claramente definidos: uno que se concentraba frente al Parlamento y otro que se organizaba en asambleas en la plaza.

“Acá hay un movimiento intergeneracional que cuenta con la participación de gente de todas las edades”, describe. En España, al menos en este punto, la situación es similar. Ruiz dice que el desempleo en Madrid castiga a los más jóvenes. Sumado a esto, se están cerrando servicios sociales destinados a discapacitados y personas mayores, que se complementa con una baja en la calidad de la sanidad pública.

“La gente por fin sale a protestar y se produce un diálogo sobre temas que antes no se abordaban”, asegura. ¿A qué atribuye esa desmovilización?, preguntó este diario. “Estábamos como dormidos, sólo nos quejábamos con nuestros amigos y familiares. Los políticos están gobernando a nuestras espaldas y tomando decisiones que el ciudadano no quiere”, agrega. Mientras los griegos comienzan a organizarse, en Madrid el movimiento de protesta social, lejos de desarticularse, se traslada a las asambleas que se multiplican en los barrios.

Mientras tanto, un alto funcionario de la Unión Europea reconoció que Grecia cedió parte de su capacidad de maniobra a los organismos internacionales. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, consideró que cuando comience a aplicarse el paquete de medidas votado por el Parlamento heleno, “la soberanía de Grecia se verá enormemente limitada”. Además, responsabilizó por la actual crisis a las autoridades griegas. “Entre 1999 y 2010 los salarios crecieron un 106,6 por ciento, a pesar de que la economía no crecía al mismo ritmo”, dijo, y calificó a esa política salarial como “desbocada”.

La activista española estima que el rechazo a las políticas económicas de los organismos internacionales es “una luz de alerta” para que los gobernantes dialoguen y lleguen a una pronta solución. “Esto es una llamada de atención para los políticos, sentimos que se toman en cuenta las presiones externas y a los ciudadanos se nos está ignorando”, concluye.