El presidente hondureño Porfirio Lobo recibe el informe ayer en Tegucigalpa.
Imagen: EFE.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) arribó a dos conclusiones: que el 28 de junio de 2009, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado y que el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso. Un extenso informe señaló que la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de acompañar la consulta popular que Zelaya impulsaba el día que fue derrocado –con la intención de que se celebrara una Asamblea Constituyente que discutiera su reelección–, socavó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional.

La CVR fue puesta en funciones el 5 de mayo de 2010 por una iniciativa de Porfirio Lobo, actual presidente hondureño. Sus conclusiones fueron desconocidas ayer por Zelaya, quien poco antes de conocerse los fundamentos del informe aseguró no tener una opinión favorable, ni esperaba que el texto revelara nada nuevo. De los 20 muertos causados por la violencia política desatada a partir de la destitución del ex presidente, la comisión determinó que al menos 12 personas fueron asesinadas por la acción de la policía y las fuerzas de seguridad.

“Se observa una progresiva erosión del proceso democrático del país –concluyó el documento–. El golpe de Estado demuestra que en Honduras la democracia continúa manteniendo un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario”, subraya el dossier de once páginas difundido ayer por la CVR, al que accedió Página/12. “Debe aprovecharse esta profunda crisis como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática que se desnaturalizó y se fracturó”, recomienda en su segunda página, como adelanto del informe completo de 1200 páginas que será publicado hoy en el sitio web de la comisión (cvr.hn).

A catorce meses de su primera intervención, Eduardo Stein, coordinador de la CVR, afirma que el trabajo del comité se apoyó en tres elementos: intentar esclarecer cómo se produjeron los sucesos del 28 de junio de 2009; identificar aquellos actos que condujeron a una situación de crisis y proponer elementos para evitar que esos hechos no se repitan en el futuro. Esa tarea demandó un análisis de los hechos en la capital hondureña y en el interior del país. “Entendimos que no teníamos que quedarnos sólo con lo que había pasado en Tegucigalpa. Por eso visitamos los 18 departamentos del país para recoger testimonios y escuchar de primera mano la experiencia de la gente durante la crisis”, explica Stein. “Sólo así podíamos de-sentrañar aquellas insuficiencias que desembocaron en el golpe de Estado”, agrega.

La posibilidad de determinar si se había tratado o no de un golpe de Estado fue uno de los interrogantes surgidos a la luz de ese trabajo. “No fue fácil encontrar una respuesta inmediata porque estábamos ante una situación muy sui generis”, considera Stein. Finalmente, se llegó a la conclusión de que sí se había tratado de un golpe contra el Poder Ejecutivo, encarnado en Zelaya, pero que el asalto al poder no había perjudicado a los otros poderes. El abordaje de la CVR no desestimó la participación de ex presidente hondureño y ubicó la génesis del conflicto en los meses que precedieron a su caída, cuando se realizó la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Esto último, sumado a la aprobación de Zelaya de un aumento al salario mínimo de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, enfrentó al gobierno con un sector de empresarios locales y extranjeros.

“La expulsión de Zelaya es injustificable desde todo punto de vista, pero fue tanto responsabilidad de él como de quienes lo sacaron del poder”, asegura el ex vicepresidente de Guatemala. La comisión señaló que, al momento de su destitución, el Congreso no contaba con atribuciones para apartar al presidente hondureño ni para nombrar a su sustituto. También concluyó que el nombramiento de Micheletti como presidente interino fue ilegal y que el mandato que se desarrolló entre el 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010 se corresponde con un gobierno de facto.

Stein considera que uno de los principales inconvenientes se encuentra en el corazón de la Constitución hondureña, porque carece de un procedimiento claro para resolver conflictos entre los diferentes poderes del Estado, y que esa indefinición provocó que el Congreso nacional se extralimitara en sus funciones.

En sus recomendaciones, el CVR propone una transformación del Estado hondureño, en la que se llenen esos vacíos en su Constitución y se resuelvan esas imprecisiones. El capítulo más extenso del informe refiere a violaciones de los derechos humanos. Allí se reportaron delitos contra la vida, la integridad de las personas y la libertad; también contra los medios de comunicación. “Encontramos hechos de represión contra la población sólo por considerarla opositora. Pedimos que se investigue con mayor profundidad, se deduzcan las responsabilidades y se sometan a la Justicia.” Asimismo se identificaron más de 20 muertes en las semanas sucesivas al derrocamiento de Zelaya. Esos asesinatos fueron identificados como de dos tipos: por enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, donde se utilizó un exceso de fuerza; y otras más importantes tienen que ver con ocho personas que podrían haber sido asesinadas selectivamente por agentes del Estado.