Desde Brasilia

La jueza brasileña Patricia Ascioli apareció acribillada en Río de Janeiro, aparentemente asesinada por los propios escuadrones de la muerte que ella denunció. Las armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad halladas en los peritajes darían cuenta de eso. Un grupo de hombres le disparó a la magistrada de Río de Janeiro 21 tiros el viernes a la noche, y los peritos confirmaron que se trata de proyectiles calibre 40 y 45, correspondientes a armas que sólo pueden utilizar la policía o las fuerzas armadas de dicho estado.

En visita a Río de Janeiro, el ex candidato republicano John Mc Cain había hecho comentarios elogiosos a las políticas militaristas del gobernador Sergio Cabral, quien también contó con la bendición del presidente norteamericano Barack Obama.

Ascioli, de 47 años, había ganado notoriedad tras procesar a policías acusados de integrar escuadrones de la muerte y a miembros de las milicias, los grupos parapoliciales que ocupan ilegalmente favelas, donde combaten a las bandas de narcotraficantes. La guerra contra esos asentamientos lanzada en Río de Janeiro en 2008 instaló el principio de tire y luego pregunte, reforzada por la participación militar, y dejó decenas de muertos en la ofensiva de noviembre de 2010 en la favela Complexo do Alemao.

El titular de la Asociación de Magistrados de Brasil, Nelson Calandra, confirmó que el asesinato de la jueza Patricia Ascioli pudo haber sido perpetrado por miembros de escuadrones de la muerte, que ella había condenado. “De los 12 que perpetraron el atentado que mató a nuestra colega, muchos deben tener condenas”, comentó el camarista Calandra, que se reunió con la jefa de la policía de investigaciones de Río, comisaria Marta Rocha, y el equipo que está trabajando en el caso.

“Sabemos que hay un número elevado de agresores, al menos más de uno”, agregó el dirigente de la Asociación de Magistrados.

Hombres a bordo de dos motocicletas, presuntamente apoyados por otros en automóviles, fueron los responsables de la emboscada seguida de ejecución de la jueza, según declaró el comisario Felipe Ettore a cargo de la investigación. Ascioli había reconocido haber sido objeto de reiteradas amenazas, pero para desgracia les restó importancia.

La jueza no contaba con escolta en el momento de su asesinato. Hasta ahora fueron interrogadas 18 personas, entre ellos el prometido de la jueza, un policía con quien al parecer tenía una relación inestable.

La jefa de la policía de investigaciones de Río de Janeiro, comisaria Marta Rocha, observó personalmente hoy las diligencias realizadas en el Departamento de Homicidios, mientras decenas de efectivos trabajaban fuera del lugar para esclarecer el caso que conmocionó al país.

Un informe de la Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, elaborado en 2007 por el especialista Philip Alston, consignó que la policía carioca es sospechada de realizar ejecuciones extrajudiciales a las que se disimula bajo el rótulo de enfrentamientos y mencionó la impunidad de los asesinos.

En 2010 la entidad elaboró un nuevo documento asegurando que casi ninguna medida fue tomada para resolver el grave problema de los asesinatos cometidos por policías en servicio o para reducir los asesinatos justificados como autos por resistencia a la autoridad, y la mayoría de esas muertes nunca es investigada de forma significativa.

Precisamente la jueza de la sala penal de San Conrado, en Río, había condenado a varios policías acusados de asesinar sospechosos, en algunos casos cuando éstos ya habían sido reducidos, o directamente fusilarlos.

Un caso de aparente ejecución sumaria ocurrió el mes pasado, cuando fue muerto y ocultado el cadáver del niño Juan Moraes, de 11 años, en Nova Iguazú, municipio ubicado en el Gran Río de Janeiro.

En un primer momento la policía insinuó que Moraes estaba junto a narcotraficantes que dispararon pero la pericia posterior, que halló el cadáver oculto lejos del lugar del crimen, constató que la víctima estaba desarmada, al igual que sus acompañantes.

La Secretaría de Seguridad Pública, que ha implementado medidas severas en las favelas, de cara al Campeonato del Mundo de 2014, reconoció que los policías actuaron fuera de la ley y los apartó de sus cargos hasta que haya un fallo de la Justicia.

La Asociación de Magistrados de Brasil cuestionó ayer la burocracia que permite a los acusados de homicidio permanecer en libertad hasta que haya una sentencia firme en su contra, lo cual habría permitido que condenados por la jueza continúen en libertad y puedan estar implicados en su muerte.