Una marcha pacífica en defensa de los pueblos indígenas tuvo lugar en Santiago de Chile y terminó con disturbios, en los que siete personas fueron detenidas. El festejo del mal llamado “Día de la Raza” conlleva un significado especial para mapuches y otros pueblos originarios, que son desalojados cuando enormes terrenos se utilizan para la construcción de emprendimientos inmobiliarios o ante el avance de los cultivos de soja. “Para los mapuches, el 12 de Octubre significa la llegada de los usurpadores españoles y de todo lo que trajo consigo, el colonialismo y el imperialismo”, afirmó Manuel Díaz, portavoz de la organización Meli Witran Mapu (“De los cuatro puntos de la Tierra”). “Es una movilización de repudio a la invasión de hace más de 500 años, pero también una movilización que critica el rol del Estado y del modelo económico con los pueblos indígenas”, señalaron en el comunicado de convocatoria. Díaz agregó que los indígenas reclaman “la libertad de todos los presos políticos mapuches y la devolución de las tierras ancestrales”, en propiedad de empresas agrícolas y forestales. Los mapuches –que son unos 600 mil– constituyen el principal pueblo indígena de Chile, país con 17 millones de habitantes.

Con datos dispares (las autoridades nacionales señalaron que marcharon unas 10 mil personas, mientras los organizadores dijeron que se trató de 12 mil), la realización de la protesta coincidió con la celebración del “Día de la Raza”, festividad que se conmemora el 12 de Octubre para recordar la llegada de Cristóbal Colón a América, que este año se trasladó en el calendario al lunes tanto en Chile como en la Argentina. Asimismo, por primera vez en la Argentina se celebró el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

En Santiago, los disturbios se produjeron al finalizar la protesta, que atravesó el centro de la ciudad en forma pacífica durante cuatro horas.

Cerca de la Biblioteca Nacional, un grupo de jóvenes encapuchados que comenzó a destrozar semáforos, señales de tránsito y a provocar desórdenes, se enfrentó con el Cuerpo de Carabineros, que para reprimir utilizó agua y gases lacrimógenos. Los enfrentamientos entre quienes protestaban y las fuerzas de seguridad continuaron hasta las 17.30 (hora local) frente a la Universidad de Chile. Durante una actividad pública, la intendenta de la región metropolitana de Santiago, Cecilia Pérez, señaló que los altercados se produjeron en tres puntos del centro y hubo siete personas detenidas. En un breve discurso, Pérez valoró la responsabilidad, el compromiso y la coordinación de los dirigentes mapuches, que aislaron y se distanciaron de los encapuchados.

En junio pasado, cuatro mapuches chilenos presos, que iniciaron una huelga de hambre líquida durante 85 días, llegaron a perder más de 20 kilos de peso, con consecuencias irreversibles para su salud. Los indígenas reclamaban la nulidad de un juicio donde se los acusó y condenó por robo con intimidación y lesiones menores. El médico que los revisó, señaló que la falta de nutrientes debió haberles provocado daño cerebral y que para que los mapuches fueran a los centros sanitarios donde permanecían internados, el sistema de salud estatal había interpuesto un recurso de amparo cuyo tratamiento finalmente fue aceptado por la Corte de Apelaciones de Chile.

El especialista que atendía a los mapuches desde el comienzo de la medida de fuerza había señalado que los huelguistas atravesaban por un estado avanzado de desnutrición, su hidratación se encontraba al límite y su estado general de salud no era el mejor. Los 20 kilos que Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Héctor Llaitul fueron perdiendo a lo largo de la huelga también les produjo una disminución en el nivel de concentración. Ante la emergencia sanitaria, las autoridades decidieron trasladarlos a los centros asistenciales Concepción, Los Angeles y Nuevo Imperial, ubicados en el sur del país, decisión que fue resistida tanto por los prisioneros como por los familiares, que se enteraron del traslado mientras esperaban para visitar a los detenidos. En esa oportunidad, Juana Raimón, madre de José Huenuche, denunció que los presos habían sido obligados a comer por la fuerza. “A mi hijo lo sacaron muy mal, lo tiraron arriba de la ambulancia”, agregó la mujer. Pese a la negativa de los huelguistas, el sistema de salud de Chile interpuso un recurso de amparo ante la Cámara de Apelaciones nacional para iniciar la realimentación. Finalmente, la Justicia falló a favor de esta medida. Durante el conflicto, el gobierno había expresado que tomaría todas las medidas posibles para evitar la muerte de los comuneros, incluida su nutrición forzada, desoyendo las advertencias del médico que oportunamente señalara la peligrosidad y los efectos negativos que la realimentación podría acarrear si no se realizaban exámenes generales a los mapuches. Todos fueron condenados en marzo hasta a 25 años de prisión por intento de homicidio de un fiscal y robo con intimidación.