Antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela en 1999, durante el período conocido como la IV República, los sucesivos gobiernos cometieron crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Nacional de ese país aprobó esta semana la creación de la Ley Contra el Olvido, que investigará las atrocidades cometidas durante las dictaduras civiles.

La ley contempla la creación de una Comisión de la Verdad para promover la desclasificación de documentos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

Se calcula que durante el período de 1958-1998 hubo más de 3000 casos de desapariciones forzosas en Venezuela. Durante el lapso de tres años, la Comisión de la Verdad intentará establecer las responsabilidades intelectuales y materiales, y compensar de forma moral a las víctimas y familiares. Una de las propulsoras del proyecto, la diputada del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Marelis Pérez, explicó que se promoverán sanciones de carácter moral y no de indemnización, ya que la mayoría de los culpables pueden estar muertos. “La comisión la va a conformar una parte institucional del Estado y otra con revolucionarios, familiares de víctimas y organizaciones ligadas a esos movimientos”, dijo a Página/12 Humberto Vargas Medina, ex combatiente del Frente Guerrillero José Leonardo Chino. La oposición al chavismo, agrupada en torno de la Mesa de la Unidad Democrática, votó en contra de la normativa por considerar que sólo se circunscribe a una etapa determinada.

La ley también prevé incluir los acontecimientos de ese período como material de estudio obligatorio en la currícula de los colegios primarios y secundarios de todo el país. El proyecto se aprobó un día después de conmemorarse la desaparición del profesor y secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera. Su caso fue emblemático, ya que fue secuestrado en Caracas el 17 de octubre de 1965, y nueve días más tarde su cadáver fue encontrado en una playa del estado de Anzoátegui, con una cadena al cuerpo y signos de torturas. En diálogo con Página/12, su hijo celebró que Venezuela entre en esta nueva etapa. “El período de Raúl Leoni (1964-1969), cuando asesinaron a mi padre, fue el más sangriento con la utilización de la figura de la desaparición forzosa. Allí se instituyó el método”, dijo Alberto Lovera. El gobernante Acción Democrática (socialdemócrata) aplicó el macarthismo contra intelectuales de izquierda. Entre las víctimas de la represión estatal están el hermano de Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional y ex guerrillero.

“El gobierno tenía la legitimidad alcanzada por el voto. Pero la maquinaria política de los partidos que detentaban el poder (AD y Copei) tenían el control sobre otros poderes del Estado. El poder del voto estaba cooptado”, recuerda Lovera. Según él, la investigación de los crímenes cometidos por las dictaduras de la IV República no había sido una demanda prioritaria de la sociedad venezolana. Existía una voluntad de algunas organizaciones pero no de carácter mayoritario.

Los medios de comunicación privados tampoco pusieron el tema en su agenda. “La mayoría invisibilizan la situación. El sistema de medios públicos y el canal 8 venezolano sí lo cubrió, así como La Radio del Sur”, agregó Lovera. Vargas Medina, autor de Remembranzas de un Guerrillero de los años sesenta, explicó que la ley no se pudo hacer aprobar antes porque no hubo voluntad política. “Los medios fundamentales privados son representantes de los represores de esos años”, dice Vargas Medina.

Para ambos, el presidente Hugo Chávez siempre denunció las atrocidades cometidas y su PSUV fue un impulsor fundamental para la aprobación del proyecto.

“En la época del Puntofijo (pacto entre AD y Copei que en 1958 instaló la democracia representativa) era imposible pretender cualquier investigación, ya que ellos fueron los torturadores. Se intentó con la asamblea pasada pero no hubo voluntad política. El presidente desde un principio recordó la historia reciente. Con el caso particular de mi padre, que marcó la diferencia, él denunció todas las barbaridades a las que fue sometido. La situación particular que él vivió le dio una preponderancia sobre la izquierda. Chávez tiene una sensibilidad grande con ese tema desde el principio de su gobierno.” Los casos más simbólicos de la represión estatal además de los de Soto Rojas y Lovera fueron las masacres de Cantaura y Yumaré, en la década del ochenta.