Expectativa, alivio, pero también cautela. Los familiares de desaparecidos y ex detenidos durante la dictadura uruguaya expresaron su satisfacción luego de que ayer el gobernante Frente Amplio sancionara una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La nueva norma asfixia la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. El propio presidente José Mujica dijo que promulgará la nueva ley antes del 1º de noviembre y que la Corte Suprema tendrá la última palabra en los casos que se denuncien a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

El oficialismo votó unido el proyecto en la madrugada de ayer, haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Un frente que no evidenció fisuras. El presidente evitó opinar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad. Y como era de esperar, la oposición blanca y colorada sacó a relucir los dos plebiscitos que ratificaron la amnistía en 1989 y 2009 para dejar todo como está con el pasado. Este paso de baile de los frenteamplistas se lució, muy distinto al torpe movimiento de mayo. Entonces, Mujica había expresado su discrepancia con los legisladores. “Votar el proyecto es aparecer ante el pueblo como pasándole por arriba a dos plebiscitos”, había dicho. Y un par de legisladores oficialistas díscolos terminó por votar en contra.

Pero ayer el mandatario aseguró al diario local El País que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema, ya que para la Ley de Caducidad se trataría de delitos comunes y, por lo tanto, prescriptibles. “Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a afirmar”, dijo Mujica. En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, el mandatario señaló que “los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas” y que esta materia no era su “especialidad”.

En la opinión de juristas calificados y de los propios legisladores frenteamplistas, la nueva ley responde en gran medida al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte), que le solicitó al Estado uruguayo que investigue y juzgue a los responsables de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. Y en ese sentido, que la Ley de Caducidad no sea un obstáculo.

La norma aprobada ayer brinda un mayor respaldo jurídico a los denunciantes para hacer sus planteos. La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 por la organización Crysol a la jueza Mariana Mota por un grupo de ex presos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas, entre ellas Waldemar Tarocco, ex preso e integrante de Crysol. Antiguo militante de la guerrilla MLN-Tupamaros, Tarocco conversó con Página/12 sobre los alcances de la nueva ley. “Todo lo que sea avanzar para tratar de anular la Ley de Caducidad es bienvenido. El problema es los integrantes de la Corte Suprema se recibieron y trabajaron durante la dictadura. El sistema judicial nunca se tocó en Uruguay. Sólo el juez Leslie van Rompaey plantea juzgar a los delitos como de lesa humanidad, y encima a fin de año pasa a retiro. Las organizaciones de derechos humanos estamos expectantes para ver qué actitud tomarán los jueces y los fiscales.”

Tarocco contó que días atrás sus compañeros presentaron una nueva acción por torturas en el Batallón Nº 6 de Caballería, y que los próximos días también acercarán una denuncia por ese delito en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la “Operación Morgan”, que implicó la persecución a dirigentes comunistas en 1985.

A su vez, un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La acusación apunta a oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Asimismo pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos en al menos otros seis centros de reclusión.

La coalición de centroizquierda en el poder logró aprobar a contrarreloj su proyecto una semana después del hallazgo de restos óseos en el Batallón Nº 14, en el marco de la causa Gelman. Tarocco lo recordó: “Pensar que hace cinco años los antropólogos habían estado trabajando allí y no habían encontrado nada. En ese batallón se realizó la famosa “Operación Zanahoria”, donde los militares desenterraron cuerpos cuando volvía la democracia”.

Martina Callaba, hija de desaparecidos, dijo del otro lado de la línea telefónica que mientras arma la causa de su padre, no deja de tener sentimientos encontrados. “El sábado pasado, los familiares estábamos viendo el hallazgo de un cuerpo en el Batallón 14. Allí se enterraron desaparecidos. Ya no hay peros ni argumentos para negar lo evidente: que la ‘Operación Zanahoria’ existió. Imposible evitar la ansiedad”, se sinceró. “Ahora resta esperar a que identifiquen a la persona. No queda otra que esperar.” Y en esa mezcla de sensaciones llegó el alivio. Palabra que usó para describir cómo recibió la noticia de la nueva ley. “Peor es llegar al 1º de noviembre con la amenaza de que los delitos prescriban.”

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