El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó ayer oficialmente la ley que restituye la pretensión punitiva del Estado y declara de lesa humanidad los crímenes de la dictadura. Las atrocidades cometidas por militares y policías durante el último régimen militar podrían ser eventualmente juzgadas, ya que en los hechos se anula la llamada Ley de Caducidad, que les garantizaba la inmunidad.

La página oficial de la Presidencia publicó la promulgación de la norma, de apenas cuatro artículos, aprobada en la madrugada del jueves por el Congreso. La Suprema Corte de Justicia actuará para decidir si las denuncias de víctimas y familiares de los afectados por la represión se pueden juzgar bajo la nueva norma, a pesar de la vigencia de una ley de amnistía. La oposición reclama que la norma promulgada ayer es inconstitucional.

La nueva ley tiene cuatro artículos por los que se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1 de la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986. “No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1 de esta ley”, señala el texto.

Además, se declara que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la república es parte. Organizaciones que agrupan a ex militares afines a la dictadura anunciaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Corte cada vez que alguno de ellos sea citado a declarar. Planean presentar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la nueva norma afecta los derechos humanos y los adquiridos por los militares.

El abogado promotor de varias causas de derechos humanos Juan Errondea dijo, tras la aprobación, de la ley que evita la prescripción que en principio no tendría que haber ningún cambio inmediato y que las causas seguirían su trámite normal. El abogado explicó que aunque militares retirados han indicado que apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva norma, tendrán que esperar a estar procesados para poder presentar ese recurso.

“Pueden aumentar las denuncias por un tema psicológico, que la gente entienda que al no prescribir los delitos puede promover otras denuncias. Pero estrictamente las podrían haber presentado aunque no hubiera sido sancionada la ley”, indicó.

“Sólo los autoritarios festejan un atentado a la democracia”, escribió en su Twitter la diputada del Partido Nacional Analía Piñeyrúa, mientras que Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, sostuvo que el FA acaba de desconocer la voluntad del pueblo. Los opositores recordaron que la ley de amnistía uruguaya para los represores de la dictadura había sido ratificada en dos plebiscitos. Sin embargo la nueva ley no anula la amnistía.

El debate ocurrió pocos días después del hallazgo de restos óseos en un predio militar en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de los desaparecidos durante la dictadura. Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay.

Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil. Para el senador oficialista Rafael Michelini tras la votación aún quedan tareas pendientes. “Falta mayor información, el hallazgo de los restos y en algún momento que las Fuerzas Armadas como instituciones pidan perdón y (digan) que nunca debió ocurrir lo que ocurrió, que el Ejército uruguayo asesinara a personas indefensas”, aseguró.