Dom 27.11.2011

EL MUNDO  › ESCENARIO

Caminos

› Por Santiago O’Donnell

Tenemos la noticia de que Brasil formó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura. Y sabemos que esa comisión no va a meter preso a nadie porque no tiene mandato ni poder ni intención de procurar justicia, y sólo quiere averiguar lo que pasó. Hablamos con el joven funcionario del Ministerio de Justicia brasileño Marcelo Torelly, que vino a Buenos Aires a explicar todo eso a la ONG Memoria Abierta, que dirige Patricia Valdez, en el marco de un encuentro académico.

Arranca con el contexto, como para que nos quede claro que Brasil no es Argentina. Dice que la semántica social del terrorismo no fue destruida en Brasil. Que hubo una migración de las elites políticas del poder autoritario al poder democrático. Que hubo una continuidad jurídica entre la legalidad autoritaria y la legalidad democrática.

Torelly ostenta un título raro, me llama la atención. “Miembro de la Comisión de Amnistía.”

Dice que el movimiento de amnistía en los ’70 en Brasil fue uno de los primeros pasos hacia la democratización del país. Grandes manifestaciones. Familiares de las víctimas, Chico Buarque, intelectuales. Amnistía para los presos políticos, claro, no para los represores.

A fines del ’79, en dictadura, el proyecto de amnistía de la sociedad civil llega al Congreso pero pierde por pocos votos, cuenta Torelly. Al poco tiempo se aprueba otro proyecto del Poder Ejecutivo: amnistía para todos. Los crímenes de los militares y de los guerrilleros son “conexos”. O sea, se impone en Brasil, en 1979, bajo el mando de los militares, la teoría de los dos demonios. Pasan más de diez años y toda la transición hasta que se empieza a cuestionar esto, primero el Colegio de Abogados en el 2008, después y sobre todo a partir de un fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2010 que condena la amnistía bilateral, señalando que los crímenes de lesa humanidad, o sea los que se cometieron desde el Estado, son inamnistiables e imprescriptibles.

En el medio hubo algunos avances. En la Constitución de 1988 se establece que los perseguidos políticos amnistiados tienen derecho a una reparación económica. En 1995, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se crea la Comisión de Desaparecidos. La comisión estableció y demostró que la dictadura brasileña había desaparecido a alrededor de 500 personas y sus familiares recibieron reparaciones. En el 2001, Cardoso reglamenta una segunda comisión, la llamada Comisión de Amnistía. En esa trabaja Torelly. Tiene como mandato reparar a las víctimas de la dictadura. La comisión se encarga de documentar los casos y fijar los montos de las reparaciones. No se paga por el sufrimiento (cárcel, torturas, exilio), sino por el trabajo perdido por culpa de la persecución política, explica Torelly.

La Comisión de Amnistía también puede hacer, y hace, otro tipo de reparaciones, agrega Torelly. Facilitar jubilaciones, reconocimiento universitario de materias rendidas, facilitación de trámites jubilatorios. Pero sobre todo tiene la potestad y la obligación de pedir disculpas públicas ante las víctimas. Torelly destaca las llamadas “caravanas de la amnistía”, en las que el ministro de Justicia se traslada al lugar donde se cometieron los crímenes, a los barrios devastados, a los cuarteles que sirvieron de centros de tortura y campos de concentración, en distintos rincones del país, y allí encabeza un acto oficial, que suele convertirse en fiesta popular, donde después de los homenajes y los recitales el ministro cuenta lo que pasó ahí y pide disculpas en nombre del Estado brasileño. Torelly dice que las caravanas, al reivindicar y homenajear a las víctimas de la dictadura, visibilizan lo que amplios sectores de la sociedad brasileña aún no quieren ver o prefieren olvidar. Las caravanas empezaron en el 2008, cuando Lula era presidente y el ministro de Justicia era Tarso Genro. Ahora siguen bajo el gobierno de Dilma. Desde que arrancó su trabajo, la Comisión de Amnistía recibió más de 70 mil denuncias, hizo más de 35.000 reconocimientos y reparaciones y otros 10.000 todavía no han sido evaluados.

“El proceso de reparación creó un espectro de visibilidad pública para las violaciones, que no existía, e impulsó una lucha más amplia por la verdad, memoria y justicia”, dice Torelly.

¿Cómo surge la Comisión de la Verdad? En el 2009, en el marco de la conferencia nacional de derechos humanos, una especie de congreso nacional sobre el tema, se eleva al Poder Ejecutivo, para que eventualmente gire al Congreso, un Plan Nacional que incluye la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Justicia, con el mandato de impartir responsabilidades dentro del Estado e imponer castigos a las personas que cometieron los crímenes al amparo del poder. Es plan fue muy resistido por el sector que defiende a los militares y al final Lula no presentó esa parte del plan al Congreso. Después el gobierno de Dilma Rousseff (foto) presentó el plan al Congreso, pero modificado: el componente de Justicia quedaba afuera de la comisión. Con un fuerte trabajo de lobby, el gobierno logró que la ley se apruebe con sólidas mayorías en las dos Cámaras. Así se llegó a la Comisión de la Verdad.

Lo novedoso de la comisión es que puede investigar y nombrar a las personas que cometieron los crímenes con nombre y apellido. También puede citar a los ex represores y tomarles testimonio. Si son militares y no se presentan, pueden recibir sanciones disciplinarias. Todo esto va a servir para tener un panorama más claro y más completo de lo que pasó. Para ponerle caras, historias, contexto y narrativa a las historias de esos 500 desaparecidos y a esas decenas de miles de víctimas directas de las torturas y vejaciones de la dictadura brasileña entre 1964 y 1985.

El resultado de ese proceso queda abierto a la voluntad de los brasileños. ¿Habrá que desandar el camino de la verdad, para llegar al de la Justicia, como sucedió en la Argentina? Es una opción. En el otro extremo está la opción española, que es olvidar y perdonar todo con un gran pacto nacional. Parece que no funcionó porque recién ahora están excavando las fosas comunes. En el medio hay otras opciones. Está la sudafricana, que consiste en perdonar a los asesinos si los asesinos cuentan todo, en aras de la pacificación nacional. Está la variante colombiana, que a cambio de que los asesinos cuenten todo, les dan penas de cárcel pero bastante leves y los obligan a reparar a las víctimas con su patrimonio. También está el caso salvadoreño, donde la Comisión de la Verdad pudo citar a la fuerza e interrogar a los represores, pero al mismo tiempo el Congreso aprobó una ley de amnistía general para esos mismos represores.

En Brasil la situación es más o menos así: según las encuestas, una mayoría de los brasileños no quiere juzgar a los represores. La Corte Suprema ratificó que la amnistía bilateral de la dictadura es válida. La mayoría del Congreso no quiere juicios a los represores y ha votado en contra de la iniciativa. La Procuración del Tesoro ha dictaminado en contra de juzgar a los represores. El gobierno de Lula no quiso tocar el tema de los juicios y el de Dilma se cuida mucho porque ella fue apresada y torturada durante la dictadura, y no quiere quedar como una resentida. Necesita un consenso para avanzar. Queda abierta la instancia de la Fiscalía Federal, que debe responder al fallo de la Corte Interamericana en el sentido de que los crímenes de la dictadura no se pueden amnistiar. Para la Corte, el mínimo aceptable es la solución colombiana.

Por eso es tan importante la Comisión de la Verdad. Por un lado porque permitiría construir un relato creíble de lo que pasó para despertar a una sociedad adormecida que no termina de hacerse cargo de su pasado. Por el otro, porque al aparecer las pruebas con nombre y apellido los fiscales querrán investigar. Si eso se acompaña con la demanda social y la presión internacional de la Justicia Universal, entonces se podrá avanzar por el camino de la Justicia.

Ese es un camino. El otro es seguir a Mandela por el camino de la verdad, la compasión y la tolerancia, esos atributos que los represores nunca tuvieron, lo cual necesariamente implica la injusticia de tener que perdonar a cambio de saber todo.

En eso anda Brasil, tratando de averiguar su verdad, esperando que esa verdad le indique el camino.

[email protected]

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux