El impuesto a la tierra ya es ley en Uruguay, superadas las divergencias al interior de la coalición de centroizquierda Frente Amplio. El Senado sancionó la ley que crea el gravamen a las explotaciones agropecuarias de más de dos mil hectáreas, con la que el gobierno de José Mujica aspira a desalentar la concentración de la propiedad de la tierra y a recaudar 60 millones de dólares anuales.

La norma, aprobada con 16 votos de los 27 senadores presentes en la Cámara, en la que el Frente Amplio tiene mayoría, establece el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que gravará con tasas progresivas la explotación agropecuaria de unos 1200 productores de los 48 mil que están activos en el país. La ley prevé que quienes tienen de dos mil a cinco mil hectáreas pagarán 8 dólares al año por cada unidad; los que posean de cinco mil a 10 mil hectáreas desembolsarán 12 dólares, y quienes sean dueños de mayores extensiones deberán pagar 16 dólares. En todos los casos el impuesto se aplica a tierras con índice Coneat (utilizado para medir la fertilidad del suelo) superior a 100 o equivalente: así 3000 hectáreas con índice 60 no pagarían, pero 1500 hectáreas con índice Coneat 200, sí. En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que en dólares corrientes el valor de la hectárea se multiplicó por nueve en 20 años y que en dólares constantes se multiplicó por cuatro, y señala que esta valorización de la tierra no se reflejó a nivel fiscal.

El ICIR, más conocido como Ley del Agro o impuesto a la tierra, permitirá recaudar 60 millones de dólares anuales, que serán destinados al mejoramiento del medio rural, con la construcción de caminos, puertos y vías férreas que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos, no relacionados con grandes proyectos viales. El proyecto fue presentado en el Congreso por iniciativa del presidente Mujica, preocupado por la compra de campos en Uruguay por parte de grandes grupos inversores extranjeros, principalmente argentinos, pero tuvo que sortear dificultades dentro del mismo gobierno. Mujica se ha criado en el campo y hoy continúa viviendo en su chacra.

El tratamiento de la iniciativa se vio demorado ante la resistencia y el intento de introducir modificaciones del ex ministro de Economía y actual vicepresidente Danilo Astori, quien cuestionó que el impuesto no tenga en cuenta la productividad de las tierras. En esencia, lo que planteó el vicepresidente es que el sector agropecuario pague en relación con su rentabilidad y productividad más que con su tamaño.

En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo media sanción a mediados de noviembre con los 50 votos del oficialismo y 33 en contra, tras un debate de más de ocho horas. Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, la nueva ley puede encontrar dificultades en su aplicación si la corporación agraria presenta una impugnación, como señaló ayer el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Miguel Sanguinetti. “A partir de que lo tengamos promulgado, vamos a estudiar el impuesto minuciosamente con nuestros asesores para ver si tiene alguna inconstitucionalidad. Y si la tiene, vamos a impugnarlo”, afirmó el dirigente al diario El País. Sanguinetti señaló que la medida será trabajada en conjunto con la Asociación Rural del Uruguay y agregó que hay asesores de la Federación que “ya están trabajando en el tema”. Además, advirtió que los ruralistas empezarán a exigirle al gobierno y a las intendencias que den al sector “los servicios que tengan que dar”. “¿Nos cobran más impuestos? Entonces nosotros vamos a empezar a exigir que nos den la caminería y las condiciones de trabajo adecuadas, que hoy no las tenemos”, dijo el ruralista subiendo el tono.