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El Estado uruguayo pedirá perdón por los delitos cometidos a punta de plomo entre 1973 y 1985. El canciller Luis Almagro anunció que el acto público y moral se realizará en marzo, acatando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman vs. Uruguay. “La idea es pedir perdón a todos los detenidos desaparecidos en las figuras de (los familiares) Macarena y Juan Gelman”, dijo el titular de Relaciones Exteriores. Almagro dijo también que coordinará en estos días la fecha del acto con el poeta argentino y su nieta.

El 24 de febrero del año pasado, la CIDH condenó a Uruguay por la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del escritor. Esa Corte exigió que el Estado avance –y no sea obstáculo– en la investigación para localizar los restos de María Claudia, secuestrada en la Argentina en 1976 cuando tenía 19 años y estaba embarazada, luego trasladada a Uruguay y asesinada tras dar a luz a su bebé. Macarena se enteró de la verdad sobre su historia mucho tiempo después, en el año 2000.

La Corte Interamericana ordenó que el Estado uruguayo realice en un plazo de un año “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” sobre los hechos vinculados con esta causa y con la presencia de los damnificados. Asimismo, le exigió que coloque una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el edificio del Sistema de Información de Defensa. “El acto público es un tipo de reparación moral, muchas veces más importante que el resarcimiento material”, señaló a Página/12 el juez Alberto Pérez Pérez, de la CIDH. Y recordó que en el marco de este fallo el Congreso uruguayo sancionó el año pasado una ley que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo, el Legislativo no ha podido anular la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referéndum (una suerte de amnistía que impide juzgar a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos).

Almagro señaló que, si bien restan definir los detalles del acto de desagravio, el mismo podría llevarse a cabo el 21 de marzo en el Palacio Legislativo, probablemente con la participación del presidente José Mujica. El canciller dijo que se prevé también el pago a la familia Gelman de la indemnización por 500 mil dólares, cifra fijada en la sentencia.

Los organismos de derechos humanos estiman que son alrededor de 200 los uruguayos detenidos-desaparecidos como parte de la Operación Cóndor. El asesinato de María Claudia García Iruretagoyena se inscribe en dicho plan de exterminio coordinado entre las dictaduras de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) con el servicio de inteligencia de Estados Unidos durante las décadas del ’70 y del ’80.

Los familiares de las víctimas del régimen militar uruguayo quieren ver en el perdón del Estado un acto sincero. Como Valentín Enseñat, de 34 años, que pertenece a Hijos, y que busca incansablemente el paradero de su padre Miguel Angel Ríos Casa, desaparecido el 24 de diciembre de 1977. “Con este tipo de actos públicos, que son fundamentales, habría que ver si el Estado lo hace desde el compromiso con el pasado o simplemente como respuesta a una demanda exterior.” Hay heridas que parecen no cicatrizar. “Si este acto es sincero, lo vamos a recibir bien, aunque llegue tarde.” Enseñat contó que la causa de su padre está archivada. Sin embargo, enumeró algunos hechos que le sirven de aliciente. “Se están realizando excavaciones e investigaciones. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz se fortaleció: ahora está abocada a todos los casos de desapariciones.” Sucede que tanto el joven como otros familiares estarán expectantes de ver el resultado de esos trabajos y que tengan un correlato en la Justicia. Enseñat piensa estar presente en el acto. “Vamos a acompañar a Macarena”, dijo sin dudarlo.

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