El Tribunal Supremo español dio dos golpes ayer a la defensa del juez Baltasar Garzón, acusado por prevaricato, al rechazar su pedido de recusar dos jueces por parcialidad y negarle la apelación a una posible condena. El juicio contra Garzón, que no cuenta con el respaldo de la Fiscalía, durará aproximadamente tres días. El magistrado, fuertemente apoyado por la gente antes de su ingreso al tribunal, se defendió de la acusación de violar garantías constitucionales. Lo imputan de pinchar las conversaciones telefónicas entre los principales imputados en el caso de corrupción y lavado de dinero “Gürtel”, ligado al Partido Popular (PP) de Madrid y Valencia, y sus abogados. Garzón justificó las escuchas diciendo que en 2009 existían indicios de que los acusados y sus abogados estaban coludidos en una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros en sobornos, depositados en cuentas en paraísos fiscales.

“Los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero”, argumentó Garzón al declarar ante el tribunal durante dos horas y media. “Se intervinieron las comunicaciones para evitar las mecánicas de apoderación, evasión y recuperación del dinero por la red”, remarcó. “Aquí estamos hablando de una organización dedicada al tráfico de influencias y corrupción”, insistió. Según él, las escuchas telefónicas eran la única posibilidad que tenía como juez para perseguir los delitos y conciliar el interés con los derechos de la partes del proceso. Además, el magistrado insistió en que en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos en sus comunicaciones con otras personas. Las escuchas permitieron la posterior imputación de tres abogados.

Por su parte, la defensa de los acusados insistió en que las intervenciones tenían por objeto conocer la estrategia de defensa de los letrados, algo que Garzón negó rotundamente. El juez dijo que le importaba poco la estrategia de la defensa y que su intención, al ordenar las escuchas de sospechosos detenidos, era evitar la continuación de la acción delictiva. Garzón explicó al tribunal que la policía le había informado de la posibilidad de que los implicados dieran órdenes desde la cárcel para mover el dinero que la organización tenía en el extranjero y para hacer que desapareciera.

La acusación contra el juez la habían presentado uno de los abogados de los detenidos y el empresario Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción que salió a la luz hace tres años y que salpica al PP del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

El magistrado está suspendido desde mayo de 2010 y actualmente trabaja de asesor para el fiscal jefe de la CPI en La Haya, Luis Moreno Ocampo.

“Esto es un linchamiento político contra un juez justo como Garzón, no un juicio”, dijo el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien se acercó al tribunal junto a otros para apoyar al magistrado. “Es un aviso para otros jueces que quieran juzgar la corrupción política o el franquismo”, advirtió Llamazares, afirmando que la sentencia ya estaba predeterminada. “Garzón es inocente, Garzón es un valiente”, gritaban los cientos de personas que fueron a apoyarlo a las puertas del tribunal. Otros carteles decían “Solidaridad con Garzón”, “España al revés”, “Tapan los delitos echando a Garzón”, o “Acallan al juez, mañana a ti”. En caso que lo encuentren culpable de prevaricato –dictar una resolución injusta a sabiendas– Garzón puede recibir hasta 17 años de inhabilitación de funciones.

Al iniciar la audiencia, el abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, pidió la suspensión del juicio hasta que su cliente tuviera la garantía de que podrá recurrir a una instancia superior ante una eventual sentencia condenatoria, pero el máximo tribunal rechazó la solicitud.

Asimismo, el letrado de Garzón volvió a plantear la recusación –separación del tribunal– de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su imparcialidad está comprometida, otra cuestión desestimada, puesto que ya se había resuelto en la fase previa a la vista oral. Varela y Marchena son, respectivamente, los jueces instructores de las otras dos causas abiertas contra Garzón en el Supremo: una relacionada con la investigación del juez de los crímenes del franquismo, y la otra por un dinero recibido de patrocinadores para dictar cursos en Nueva York entre 2005 y 2006 (ver recuadro).

Garzón recibió el apoyo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo.

Las personas que se solidarizan con el magistrado denuncian motivaciones políticas detrás de su juzgamiento, y el propio magistrado dice ver la mano del PP, el partido del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

Garzón intentó extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet, pidió el arresto de Osama bin Laden, e investigó ejecuciones masivas de casi 150.000 españoles bajo la dictadura del dictador Franco. Cuando el magistrado ingresó al tribunal le preguntaron cómo se sentía, a lo que respondió “bien, solamente bien”. Quienes lo conocen, dicen sin embargo que no está tranquilo.