A las pocas horas del anuncio de un nuevo record de desempleo en España, el Consejo de Ministros del Partido Popular aprobó un decreto que limitará los ingresos de los directivos de entidades que hayan recibido ayudas públicas a través del Banco de España. El número de desempleados se situó en enero en casi 4,6 millones de desocupados, con un aumento porcentual del 4 por ciento respecto de diciembre. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, dijo que la tasa de desempleo en 22,9 por ciento demostró que las reformas laborales puestas en marcha por el ejecutivo socialista, no pudieron evitar que el despido sea la principal herramienta de ajuste ante la caída de la demanda. La suba de desempleo en enero es superior a la experimentada en el mismo mes de 2011, cuando aumentó en 130.930 personas, y es además el segundo repunte más elevado en enero de toda la serie histórica después de 2009. En ese contexto, Hidalgo afirmó que una reforma laboral como la que prepara el gobierno de Mariano Rajoy está más que justificada para poder devolver confianza a los trabajadores y empresarios para que el despido sea el último recurso. Mientras tanto, el gobierno aprobó ayer una nueva reforma financiera para que los bancos españoles se saneen a fin de este año en lo que respecta a los activos inmobiliarios.

Con el decreto aprobado ayer, se recortarán considerablemente los sueldos de los principales directivos españoles de los bancos y cajas, algo que la sociedad venía demandando desde hacía mucho tiempo. Con esta medida, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, pasará de 2,34 millones a 600.000 euros anuales. Rato reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que lo coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que le corresponden 2,26 millones anuales. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido y su vicepresidente Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dio luz verde a la reforma del sector financiero que exige una previsión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros. El gobierno también aprobó que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90 por ciento de los dividendos que reciban por su participación en el banco. En los últimos años varias cajas se agruparon en bancos a los que trasladaron su negocio financiero y quedaron desprovistas de esa actividad, para ocuparse principalmente de la obra social. Otra de las novedades aprobadas por el gobierno permite que las cajas desprovistas de su negocio financiero no pasen a ser fundaciones dependientes de las Comunidades Autónomas tan fácilmente. Hasta ahora la ley obligaba que a las cajas de ahorros se convirtieran en fundaciones si controlaban menos del 50 por ciento de los bancos que crearon, lo que impedía que muchas entidades pudieran ampliar fácilmente su capital. Siempre y cuando puedan mantener una participación en sus bancos de al menos el 25 por ciento o simplemente el control, podrán mantener su status de caja.