Ayer, el mismo día en que los venezolanos conmemoraron un año exacto de los sucesos del 11 de abril que desembocaron en el efímero golpe de Estado contra Hugo Chávez, una sombra de consenso volvió a esa polarizada sociedad: el chavismo y la oposición se pusieron de acuerdo para realizar un referéndum revocatorio del mandato presidencial –que la Constitución estipula para mitad del mismo, es decir, después del 19 de agosto– y definir la continuidad o salida de Chávez. La oposición síndico-patronal llevó adelante una huelga general de diciembre a enero de este año, cuya adhesión fue perdiendo peso progresivamente, y que fracasó en su búsqueda de la renuncia del presidente o el llamado a un referéndum consultivo. El acuerdo electoral que exige la oposición en Venezuela podría reforzar el poder de Chávez, según advirtieron periodistas venezolanos que participaron ayer en Madrid en un coloquio sobre la situación de su país.
Los directores de los diarios Tal Cual, Teodoro Petkoff, y Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, así como el columnista de El Nacional Ibsen Martínez, que participaron en el coloquio de la madrileña Casa de América, vieron la posición de Chávez reforzada, lo que puede explicar su aceptación del referéndum. El pacto de 22 puntos será suscrito con la presencia de César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y mediador en el conflicto venezolano, junto al ex presidente estadounidense Jimmy Carter, después de los asuetos en Semana Santa, informó Fernando Jaramillo, representante de Gaviria. El gobierno venezolano y la oposición acordaron la eventual celebración del referendo revocatorio si así lo solicita el número exigido de electores por la Constitución y se aprueba por el nuevo Consejo Nacional Electoral. A su vez, César Gaviria se manifestó satisfecho de las negociaciones ydeclaró ayer que el acuerdo alcanzado entre las partes “abre una salida institucional, pacífica, democrática y electoral” al conflicto.
Ante una huelga opositora y petrolera que duró desde el 2 de diciembre hasta el 2 de febrero, para exigir la renuncia de Chávez, el gobierno respondió que la Constitución sólo permitía un referéndum revocatorio a la mitad de su mandato en agosto. También señaló que las partes se comprometen a impulsar una “vigorosa campaña de desarme de la población civil” y la “adhesión y el respeto a la Constitución”, así como de “la prevalencia del Estado de Derecho”. Tras la huelga que afectó a la industria petrolera, el líder sindical Carlos Ortega y el empresarial, Carlos Fernández, fueron objeto de órdenes judiciales de arresto con acusaciones de rebelión civil. Jaramillo dijo que tanto el gobierno como la oposición acordaron que “los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos y la necesidad de que se consiga una solución pacífica y constitucional”. Cuando el paro general comenzó a extenderse por lo que parecía un plazo indefinido, Brasil propulsó el llamado “Grupo de Amigos de Venezuela”, un conjunto de cinco países que incluía a Estados Unidos, país que negó que hubiera habido un golpe en abril del año pasado.
“Estamos convencidos de que el pueblo venezolano continuará transitando el camino democrático”, puntualiza el documento en el que también asegura la continuidad de las reuniones que desde noviembre pasado llevan el gobierno y la oposición en una Mesa de Negociación facilitada por Gaviria. El anuncio del acuerdo fue hecho en coincidencia con el primer aniversario del tiroteo que dejó 19 muertos y decenas de heridos cuando una multitudinaria marcha opositora fue desviada del este al centro de Caracas, que desembocó en el golpe de Estado que sacó por 48 horas a Hugo Chávez del poder. En ese momento, el presidente fue retenido por oficiales rebeldes que se habían negado a poner en marcha una operación militar para control del orden público. Pero el anuncio de que había renunciado no se sostuvo en los hechos con un documento escrito. Durante 48 horas el empresario y líder opositor Pedro Carmona –hoy exiliado– se hizo cargo del gobierno provisional. Una movilización de las fuerzas leales al presidente presionó la reinstalación de Chávez, quien consideró a ese episodio como la “victoria popular más grande de nuestra historia”.
El representante de la OEA indicó además que el acuerdo exhorta “a las facciones políticas a concluir la ley para conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ para que la misma coadyuve a esclarecer los acontecimientos del once de abril (de 2002)”. Jaramillo afirmó que los bandos políticos además acordaron “contar con la brevedad posible” de designar al nuevo Consejo Electoral para crear “un clima electoral apropiado” que será vigilado por instancias internacionales. Por otra parte, destacó que el documento respalda los esfuerzos entre las partes para impulsar acciones conjuntas en materia de economía, salud, justicia, seguridad personal y social, entre otros. En Caracas, varias decenas de opositores bloquearon por la mañana de ayer la neurálgica autopista Francisco Fajardo que une el lado este a oeste de la capital, en protesta por “la impunidad” tras un año de los sucesos de abril.