El plan de reconstrucción de Irak post-Saddam Hussein empezó el primer día de la ofensiva angloamericana “Libertad iraquí”. La parte más difícil de la guerra es estabilizar la paz. Con la caída del régimen de Saddam se vuelve inminente el proceso de ordenamiento político de Irak que planea Estados Unidos. El Departamento de Defensa tendrá la función de “pacificar” un país de 24 millones de habitantes a través de la gestión de la administración civil encabezada por el militar retirado Jay Garner, encargado de coordinar también el futuro gobierno iraquí. Se plantean dos interrogantes: cuánto quedará del aparato político actual y qué rol ocuparán los exiliados iraquíes en el nuevo escenario. Pero algo es seguro: el plan de pacificación no comenzará de cero, y Naciones Unidas tendrá un rol limitado al aspecto humanitario, para limitar la influencia de países como Rusia, Francia y China –miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se opusieron a la guerra–. El Irak que se viene es un juego angloamericano.
El Pentágono, principal gestor del conflicto, tendrá el control del Irak post-Saddam. La administración inicial estará liderada por el general retirado Jay Garner: su equipo, la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, trabajará con los iraquíes, los grupos de asistencia y Naciones Unidas para operar los servicios básicos antes de ceder el poder a una futura autoridad nacional iraquí cuyos contornos resultan todavía nebulosos. El general Tommy Franks, que condujo la guerra desde el Comando Central en Qatar, sería el encargado de estabilizar el país. La preservación de una burocracia civil es importante para asegurar una transición relativamente suave en un país devastado: según lo explicó recientemente el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se conservarán 23 ministerios del actual gobierno iraquí, pero estarán encabezados por estadounidenses y miembros de la fuerza angloamericana, incluyendo a exiliados. Una vez “pacificado” el país se piensa que paulatinamente estos ministerios estarán en manos iraquíes, hasta llegar incluso a unas elecciones. El Departamento de Estado designó para el equipo de Garner a especialistas del mundo árabe y a ex embajadores: Barbara Bodine (de Yemen), Robin Raphel (de Túnez) y Kenton Keith (Qatar), mientras Defensa designó consejeros incluyendo a uno de los sobrinos del líder opositor exilado Ahmed Chalabi, Salem Chalabi, el abogado de Londres. Su tío Ahmed, un banquero chiíta de 58 años, es la cabeza visible del Congreso Nacional Iraquí, un conglomerado de personalidades en el exterior que ha sido respaldado y financiado por Estados Unidos. Chalabi ya está en Irak y cuenta con el apoyo de Rumsfeld, pero, al parecer, no es bien visto por el Departamento de Estado. Algunos en el Pentágono tienen lazos cercanos con los exiliados y esperan ubicarlos pronto en puestos de poder.
“No representará un cambio repentino del sistema político y económico iraquí, porque una guerra remueve un régimen pero no puede crear una nueva cultura y nuevos valores”, señaló a Página/12 el estratega militar estadounidense Anthony Cordesman. Advirtió, en este sentido, que “habrá que construir progresivamente instituciones políticas nuevas que sean democráticas, pluralistas, transparentes. Al mismo tiempo, los kurdos hablan de federalismo y muchos exiliados creen que Irak puede ser fácilmente dividida en sus comunidades religiosas y étnicas”. Para Cordesman, la consigna preliminar será “limpiar” al sistema del partido Baaz y “desaddamizar” el gobierno al establecer nuevas reglas y reformar la economía. Según el Departamento de Defensa, se mantendrá en gran medida a los funcionarios iraquíes en sus funciones actuales entre los ministerios civiles, la policía y las fuerzas militares. Los soldados del ejército regular proveerán del potencial humano disponible para los proyectos de reconstrucción civil. Paul Wolfowitz, número 2 del Pentágono, afirmó recientemente que existe una gran cantidad de leyes en Irak que serán mantenidas.
El secretario de Estado, Colin Powell, y la CIA están en contacto con iraquíes locales, que incluyen líderes tribales y burócratas con el potencial para quedarse como jefes permanentes. El 12 de marzo último, el presidente George W. Bush firmó un plan para crear una autoridad interina que pudiese equilibrar el número de los iraquíes locales y exiliados. Bush le aseguró al premier británico, Tony Blair, que la llamada Autoridad Interina iraquí estaría dominada por iraquíes que están en el país. Pero la pugna Powell/Rumsfeld respecto de los exiliados continúa hasta tanto se decida cuándo y cómo esta nueva autoridad asuma su poder de mando. Un dato: de los 24 millones de iraquíes, tres millones están en el exilio hoy día, principalmente en Jordania, Europa y Estados Unidos. Muchos son potenciales recursos humanos (científicos, intelectuales, técnicos). Pero la gran pregunta a la que la administración Bush no ha respondido es sobre cómo absorberá un afluente.
La ONU coordinará la ejecución de la reconstrucción, pero es bastante improbable que la ejecute. Veamos por qué. El costo de reconstrucción de Irak será alto –entre 50 y 100 mil millones de dólares–, más el repago de la deuda externa iraquí (estimada entre 50 y 140 mil millones) y los costos en compensación a Kuwait y otros países –por encima de 20 mil millones–. Pero si se contemplan “reformas económicas” en el sector petrolero y su revitalización –por ejemplo, la privatización de la industria petrolera iraquí–, habrá fuentes para afrontar los gastos –aunque sólo parcialmente–. Incluso antes de que las tropas estadounidenses y británicas pisaran suelo iraquí, Estados Unidos había repartido la licitación de los principales contratos a compañías norteamericanas que presten servicios para la reconstrucción de Irak.