Dilma Rousseff comenzó su segundo año de gobierno enfrentando la embestida de un grupo de militares opositores a su política de derechos humanos. El general Luiz Eduardo Rocha Paiva puso en duda que la mandataria haya sido torturada durante la dictadura. Otros militares retirados cargaron contra la Comisión de la Verdad por considerar que “alienta el revanchismo” y “amenaza la paz y la conciliación”. De paso por Buenos Aires, invitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el secretario nacional de Justicia brasileño, Paulo Abrao –quien participó además de una charla organizada por Memoria Abierta– analizó en diálogo con Página/12 el escenario que atraviesa su país ante la formación de la Comisión de la Verdad y la investigación de los crímenes de la dictadura. “Siempre trabajamos en torno a concepciones políticas de la vida y de la sociedad. Opté por entregar mi proyecto de vida a la afirmación de los derechos humanos”, confía el presidente de la Comisión de la Amnistía.

También afirma que lo motivó el ambiente de injusticia que impera en las calles. “El enemigo principal es la discriminación, base de la no identificación entre las personas. Combatirla es trabajar para los derechos humanos”, sostiene el funcionario. Abrao señala que la opinión pública brasileña se fue apropiando poco a poco de ese conocimiento de la violencia y, de ese modo, se fue generando un ambiente de indignación. “Los movimientos sociales iniciaron luchas en torno a la búsqueda de Verdad y Justicia, pero es un proceso inconcluso en Brasil”, completa.

–¿Por qué es un proceso inconcluso?

–Con la Comisión de la Verdad, Brasil tendrá por primera vez un organismo con prioridad para investigar las graves violaciones a los derechos humanos. La ley concede poderes para que la comisión identifique individualmente las autorías de estos crímenes, cuestión que hasta el momento no había sido posible. Por eso estamos ante un trabajo inconcluso y no sabemos bien cuál será su resultado final.

–La comisión podrá determinar con nombre y apellido quiénes cometieron los crímenes pero no enjuiciarlos.

–La Corte Suprema brasileña declaró en 2010 que la Ley de Amnistía aprobada en 1979 es amplia y bilateral. Es decir, perdona los crímenes políticos cometidos por la resistencia y por los agentes del Estado en la represión. Esta medida representa un obstáculo concreto para la implementación de juicios criminales en Brasil. Luego se instaló un nuevo fallo en la orden jurídica brasileña declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Araguaia. La Corte sentenció la invalidez de la Ley de Amnistía brasileña para el caso de los crímenes de lesa humanidad. Después, en Brasil, no hubo ninguna decisión de los tribunales expresando opinión sobre la internacionalización del fallo de la Corte. Ahora el Ministerio Público Fiscal anunció la apertura de una primera denuncia contra un militar. En materia de juicios, la Corte Suprema deberá manifestarse nuevamente.

–¿A qué resquicios apelaron los fiscales en la elevación de la denuncia contra el coronel Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley de Amnistía?

–La Fiscalía dijo que se trata de secuestros tipificados como crímenes permanentes, y que por cometerse hasta hoy quedan fuera de la esfera de la Ley de Amnistía, que perdona aquellos delitos cometidos hasta 1979. En segundo lugar, se ampararon en la propia jurisprudencia de la Corte brasileña, que en dos casos de extradición a Argentina (N.d.R.: uno de esos casos fue el del coronel retirado Manuel Cordero, del Ejército uruguayo, extraditado por la Justicia argentina por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti) entendió que los crímenes de secuestro permanente pueden ser investigados. Y en tercer lugar, se fundamentan en la decisión de la Corte Interamericana. Estos tres argumentos no estaban en el debate dos años atrás, cuando se produjo la decisión del Supremo.

–¿Qué chances tiene su país de juzgar a los represores?

–Todos los caminos están abiertos. Una posibilidad es que Brasil se convierta en un caso de verdad sin justicia, incluso, integrando el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Un segundo escenario es que se haga justicia con aquellos casos relacionados con desaparecidos y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no hay perspectiva de que se lleven adelante amplios juicios donde se juzguen grandes responsabilidades, como sí ocurre en Argentina.

–Brasil corre una carrera contra el tiempo si pretende investigar los crímenes cometidos por la dictadura.

–En materia de Justicia transicional, desarrolla un proceso en forma tardía. Una de las dificultades es el paso del tiempo. En lo político, eso concluye en un perdón popular a las violaciones de derechos humanos. En el aspecto jurídico trae consigo una discusión sobre la imprescriptibilidad de los crímenes.

–¿Cuál es la raíz de ese perdón popular que usted menciona?

–La movilización de la sociedad no está en niveles similares a lo que ocurre por aquí. El sentido común indica que existe una idea de olvido. Pero desde 2007 se trabaja con proyectos gubernamentales para establecer, como precepto, que la memoria debe ser la base fundante de una sociedad que pretenda no repetir en el futuro los errores del pasado. Una sociedad construida hoy a partir del olvido será siempre una sociedad injusta. Una encuesta señaló que el 75 por ciento de la sociedad brasileña no conoce la Ley de Amnistía y no participa en el debate público en torno de sus efectos en la protección de los derechos humanos. Esto representa un desafío concreto.

–Precisamente, ¿cuáles son los alcances de Ley de Amnistía?

–Indica que no se puede abrir ninguna investigación penal sobre las conductas de los represores, sean crímenes contra el orden democrático, persecuciones a las personas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos sin autorización judicial, expulsiones de las universidades o el compelimiento a la vida clandestina y al exilio. Todo eso estaría perdonado. Incluso crímenes más graves como torturas, asesinatos, abusos sexuales, desapariciones y masacres.

–Juzgar a los responsables, con 400 militares que se oponen públicamente a la derogación de la Amnistía, parece todo un reto.

–No es ingenuo percibir que habrá un contexto de disputa por la memoria. Esos actos son una forma de establecer una narrativa oficial, por parte de los represores, que crean un escenario de negación de la verdad y de justificación de la violencia, como si se estuviesen preparando para una situación de escucha pública y denuncia que la Comisión de la Verdad permitirá, hasta constituirse en una institución donde las víctimas puedan tener la confianza de romper con el silencio, como reflejo de los traumas que viven hoy. En ese sentido, la comisión abre una nueva perspectiva.

–¿De qué perspectiva estamos hablando?

–Tendrá el poder de convocar a quienes participaron en la represión, tanto en la sociedad civil como entre los militares, para que presten toda la información necesaria.

–¿Qué elementos impiden que se conozca la verdad?

–La falta de acceso a los archivos específicos de los centros de comando que actuaron en la represión. Eso permitiría identificar la cadena de responsabilidades. Estos documentos no están disponibles y los pocos que sí lo están no aportan información suficiente.

–La Comisión de la Verdad tiene dos años para exigir documentos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar restos de desaparecidos. ¿Es un plazo suficiente para investigar?

–Todo depende del staff administrativo creado para ayudar a la comisión. En Argentina, la Conadep tuvo nueve meses para entregar su informe para un número superior de desaparecidos que en Brasil. Si fuera necesario, ese plazo podría ampliarse en el futuro. En verdad, depende de una estructuración metodológica que posibilite la construcción de frentes de investigación en diferentes temas, donde participen historiadores, politólogos y defensores de derechos humanos que trabajen en la entrega del informe final.