El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras inscribió ayer legalmente al Partido Alianza Patriótica, liderado por uno de los principales responsables del golpe de Estado que sufriera Manuel Zelaya en 2009. De esta manera se allana el camino para que el general Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, compita para presidente en las elecciones de 2013. El general ocupa actualmente el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, puesto que obtuvo gracias al nombramiento del presidente Porfirio Lobo. Hondutel atraviesa problemas administrativos y de otra índole, entre ellos denuncias por tráfico ilegal de llamadas y espionaje telefónico. Vásquez utilizó aquella plataforma para fundar su propio partido político y lanzarse a competir en las elecciones generales de noviembre de 2013.

Alianza Patriótica se convirtió ayer en el octavo partido político de Honduras en ser aceptado por el TSE de cara a los próximos comicios presidenciales. El general retirado dijo que recibía la noticia con satisfacción. “Se están abriendo las posibilidades a los diferentes sectores de la sociedad, lo que es bueno para la democracia”, aseguró el golpista. Ya se inscribieron el Partido Libertad y Refundación (Libre) que postula a Xiomara Castro de Zelaya, esposa del derrocado ex presidente, y al Partido Anticorrupción del comunicador Salvador Nasralla. Aún está pendiente la inscripción del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) de Andrés Pavón, defensor de los Derechos Humanos.

Alianza Patriótica presentó en noviembre pasado 55 mil firmas en respaldo a su constitución como partido. El militar, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti que destituyó inconstitucionalmente a Zelaya, continuó como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas y fue declarado como héroe nacional por el gobierno de facto. En 2009, el entonces presidente Zelaya cesanteó a Vásquez por negarse a ordenar un reparto de material electoral destinado a un referéndum, que el Congreso consideró inconstitucional. El general fue restituido por una sentencia de la Corte Suprema y Zelaya fue derrocado y llevado al exilio a Costa Rica. El por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que se trató de una decisión motivada en pos de la seguridad nacional, ya que existía el riesgo de un estallido social.