El gobernante Partido Popular propuso incrementar el número de alumnos por aula en los colegios y elevar la carga horaria docente. El objetivo de esta decisión no es otro que ahorrar 3000 millones de euros en Educación. Según los sindicatos, esas medidas dejarán hasta 100.000 maestros sin trabajo. Asimismo, el gobierno dijo que ya no será obligatorio contratar a docentes suplentes para reemplazar a aquellos que falten menos de diez días por año ni será indispensable ofrecer las dos orientaciones del Bachillerato –Ciencia y Artes–, como hasta ahora. Como si fuera poco, además se congelarán o eliminarán complementos salariales especiales para los docentes. Durante una reunión en Madrid convocada la semana pasada, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, adelantó ante los responsables de esa área que en las comunidades autónomas del país el gobierno espera sacar las medidas por decreto y que no descarta hacerlo el viernes, durante la reunión de gabinete.

Tras detallar las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo que conduce Mariano Rajoy, el ministro Wert afirmó que las medidas son realistas, ponderadas y no suponen una merma sustancial ni de la calidad del sistema educativo ni tampoco de la equidad. El titular de la cartera de Educación justificó la batería de acciones apoyándose en la situación excepcional que atraviesa España, para contener el déficit, y aseguró, haciendo gala de un estilo provocador –enviándoles un claro mensaje a los sectores que resisten las políticas educativas del Partido Popular (PP)–, que si las comunidades autónomas no están de acuerdo, “ya conocen el camino para resolver conflictos de competencias, que es el de acudir a los tribunales”.

Más allá de las brabuconadas, el ministro no detalló el impacto que el paquete ocasionará sobre los docentes interinos. No obstante, admitió que se destruirá el empleo al asegurar que “ésta no es una cuestión que se pueda plantear en términos de despidos sino, en todo caso, de no renovación de contratos”. Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), que le declararon la guerra al gobierno por su política de ajuste, manifestaron que, según sus estimaciones, las medidas supondrán la pérdida de entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo interinos. “Es un golpe de muerte a la calidad y equidad del sistema educativo, lo que va a suponer el cierre de las escuelas de magisterio en España”, dijo Luis Castillejo, de la Federación de Enseñanza de CCOO, ante la radio Cadena Ser. “Sin interinos y sin oposiciones, la función docente va a dejar de ser una salida profesional en España”, agregó. Por su parte, Carlos López Cortiñas, de UGT, aseguró: “Nunca un ministro de Educación como Wert marginó así a la comunidad educativa en la adopción de medidas unilaterales y no comunicadas ni a los profesores ni a los sindicatos”. Y anunció que se llevarán a cabo reuniones “inmediatas” para establecer un próximo calendario de movilizaciones.

La semana pasada el gobierno español aprobó un presupuesto con un recorte de 37.000 millones de euros. Según Rajoy, esa medida fue indispensable para sanear las finanzas españolas y evitar de ese modo un agravamiento de su crisis de deuda y un mayor contagio europeo. El ajuste, sin embargo, no calmó las presiones de los mercados, a favor de un rescate para España, similar a los dos otorgados a la castigada economía de Grecia. Por eso, Rajoy anunció más tarde un nuevo recorte por otros 10.000 millones de euros, incluyendo 3000 más en Educación. Para ahorrar estos 3000 millones adicionales, Wert dijo que será necesario elevar de un 10 a un 20 por ciento el número de alumnos por aula en las escuelas primarias y secundarias e imponer a los maestros un mínimo de 25 horas lectivas en primaria y 20 en secundaria (hasta ahora era un máximo de 25 en primaria y 21 en secundaria). Estas normas tendrán mayor impacto en la reducción del personal docente, aunque el ministro sostuvo que la pérdida de 100.000 puestos, mencionada por los sindicatos, representan una exageración.

Las comunidades gobernadas por el PP respaldaron las medidas y negaron que vayan a suponer un impacto sobre el empleo. Distinta fue la opinión de comunidades como Andalucía o el País Vasco. “No conozco ningún sistema del mundo que funcione mejor con más alumnos en las clases y despidiendo profesores”, dijo el consejero andaluz Francisco Alvarez de la Chica.