Rueda de prensa de tres jueces de la Corte Suprema paraguaya removidos por el Senado.
Imagen: EFE.

El Senado y la Corte Suprema de Paraguay quedaron enfrentados ayer por la negativa del Legislativo a ratificar a miembros del alto tribunal. La Cámara alta había declarado vacantes la semana pasada los cargos de siete de los nueve ministros del máximo organismo judicial de Paraguay, quienes se niegan a abandonar sus puestos y acusan a los legisladores de haberse excedido en su competencia. El presidente Fernando Lugo deslizó ayer que la Organización de Estados Americanos (OEA) podría intervenir para arbitrar en el conflicto, por pedido tanto de los senadores como de los miembros de la Corte Suprema.

La crisis comenzó cuando el Senado votó en contra de la ratificación en sus cargos de siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que estaba vencido el período para el que fueron designados. La resolución desató el enojo del Poder Judicial, que declaró nulo el acuerdo senatorial, llamó a una huelga del sector y anunció su apelación a la OEA por supuestas violaciones a la llamada Carta Democrática del organismo.

Los senadores replicaron al unísono, con el anuncio de que acudirán a la OEA para denunciar el intento de desestabilización por desconocer un acuerdo del Congreso, cuyas atribuciones se reconocen por la Constitución nacional. Lugo recibió ayer al titular de la Corte, Víctor Núñez, pero reiteró que aspira a que se logre una salida a través del diálogo entre los dos poderes y ratificó que el Ejecutivo se abstendrá de actuar de modo directo. El presidente pidió una paz jurídica a corto plazo entre el Legislativo y el Judicial y se pronunció a favor de una Asamblea Constituyente que zanje estas cuestiones, pero convocada por el gobierno que salga electo en los comicios presidenciales de abril de 2013. En el encuentro realizado en el Palacio de López, Núñez le entregó al presidente una nota en la que pide que se comunique a la OEA la situación de crisis. La denuncia que quiere llevar la Corte señala que para el tribunal la situación generada representa un problema de institucionalidad democrática de la República y un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Núñez dijo que el único organismo competente para determinar las vacancias era la Corte Suprema de Justicia. “Si la Corte dice que no hay vacancia, no hay vacancia porque no se ha producido ninguna destitución por vía constitucional”, explicó.

Manteniendo la cautela, Lugo dijo a periodistas que el canciller va a consultar y luego enviar a la OEA para que disponga.

Mientras, está definido que cuatro senadores viajarán la próxima semana a Washington para reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exponer sus argumentos para no reconfirmar a siete de los nueve miembros de la Suprema Corte. La delegación estará compuesta por Miguel Abdón Saguier, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Ana Mendoza de Acha y Marcelo Duarte, de Patria Querida (PPQ); y Abel Guastella, de la Unión de Ciudadanos Eticos (Unace).

Ayer, varios legisladores se reunieron con los embajadores de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, México y Venezuela y decidieron hacer un informe a los países del Mercosur.

Los ministros que no fueron reconfirmados son Sindulfo Blanco, Miguel Bajac, César Garay, Alicia Pucheta, Antonio Fretes, José Torres Kimser y Víctor Núñez. En 2001, la CIDH ya se pronunció en un informe sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte, ocasión en la que celebró como positiva la determinación de los ministros de la máxima instancia judicial de declararse inamovibles.

La CIDH respaldó entonces la tesis de que los ministros de la Corte en Paraguay solamente pueden ser removidos por juicio político y que el Senado no puede sacarlos por una simple resolución.

La Corte Suprema de Justicia fue renovada años atrás durante el gobierno del ex presidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), pero todavía carga con la reputación de liderar uno de los poderes más corruptos del país.

Analistas y políticos aseguran que la mayoría de sus miembros responden al derechista Partido Colorado, que gobernó Paraguay por 60 años antes de ser derrotado en las urnas por Lugo hace cuatro años, lo que impide llevar adelante muchas reformas proyectadas. Los críticos a la decisión de los senadores aseguran que éstos buscan una Corte a su medida.

Los senadores se amparan en un artículo constitucional que establece que los magistrados deben ser confirmados durante dos períodos para adquirir inamovilidad, pero los miembros de la Corte sostienen que no son magistrados, sino ministros. Otro artículo de la Constitución dice que los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos mediante un juicio político.